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Luis Gustavo Moreno, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, tiene en firme un acuerdo de colaboración con la justicia colombiana para revelar lo que sabe en el caso del cartel de la toga: a cambio de confesar y ser testigo de cargos, no sería investigado por ciertos delitos. Ese acuerdo, no obstante, está proximo a vencerse, y la audiencia en la que la Fiscalía iba a solicitar una prórroga tuvo que ser aplazada este martes por problemas de conexión a internet.
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El exfiscal Moreno se encuentra purgando una pena en Estados Unidos de 48 meses y desde allí envió una petición a los juzgados de Paloquemao en Bogotá el pasado 11 de junio, en la que, entre otras cosas, solicitó “que se haga lo pertinente para que se garantice mi presencia de forma virtual”. Según dijo el juez de garantías al que le correspondió el expediente, su despacho inició los trámites internacionales con la cárcel de Estados Unidos el pasado 19 de junio, pero, agregó, “de acuerdo a los convenios de cooperación judicial, este tipo de solicitud se debe elevar con tres meses de anticipación”.
El juez añadió que, a pesar de esto, intentaron en la audiencia de este martes garantizar la presencia virtual del exfiscal desde la cárcel de Riverside (Carolina del Norte) donde se encuentra recluido Moreno y, por “problemas de conexión”, no fue posible establecer la comunicación. Tras este tropiezo y, ante la solicitud de Moreno, la diligencia no pudo llevarse a cabo sin la presencia del exfiscal y tuvo que ser reprogramada para el próximo 2 de octubre. Sin embargo, se aclaró que este aplazamiento no perjudica los términos del vencimiento del principio de oportunidad, pues tendrá en cuenta estos nuevos tiempos en la próxima audiencia.
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La fiscal del caso y la agente de la Procuraduría insistieron en que la audiencia se llevara a cabo sin la presencia de Moreno, pues se trata de una audiencia de “trámite” y aseguraron que en esta diligencia el exfiscal no diría nada “sustancial”. Sin embargo, el abogado de Moreno aseguró que, en recientes conversaciones con él, el exfuncionario ha reiterado que quieres estar presente en todas las actuaciones de su proceso.
A cambio de no ser investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, los cuales habría cometido durante su tiempo como litigante y no como fiscal, Moreno aceptó convertirse en testigo de cargo en varios casos que interesan al organismo investigador. Tras cinco intentos, finalmente fue aprobado el principio de oportunidad en mayo de 2018 y estaría próximo a vencerse.
Moreno Rivera envió otra carta al presidente, Iván Duque, y al procurador general, Fernando Carrillo, en abril pasado, pidiendo celeridad en el proceso en su contra en Colombia. En la misiva, el exfiscal anticorrupción aseguró que “de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que está pronto a vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse”.
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El procurador Fernando Carrillo respondió enviando una carta a la Fiscalía en la que pide considerar la solicitud de Moreno Rivera “para que continúe colaborando en calidad de testigo de cargo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el llamado cartel de la toga”. Además, manifestó que “resulta indispensable la adopción de esa medida para que el exfiscal cumpla con su compromiso de testificar y aportar información eficaz para que lleguen a buen término las investigaciones en contra de magistrados, exmagistrados, senadores, representantes, gobernadores y altos funcionarios públicos que participaron en los graves hechos de corrupción que habrían ocurrido en la Corte Suprema de Justicia”.
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Luis Gustavo Moreno fue capturado en su propio despacho por agentes del CTI el 27 de junio de 2017. Luego, el 14 de julio de ese mismo año, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concusión y utilización de información privilegiada, y fue vinculado a la investigación por recibir dinero de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba y quien era investigado por irregularidades en el manejo de regalías en su departamento. Fue así como en el país estalló el escándalo del cartel de la toga. El 17 de mayo de 2018, un juez de garantías aprobó, mediante un principio de oportunidad, su colaboración en la investigación. Casi un año después, según Moreno, no se ha programado ninguna audiencia, por lo que su colaboración no podría darse.