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La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de fallar en contra del Estado colombiano por su responsabilidad en los desplazamientos intraurbanos e intimidaciones de los que fueron víctimas cuatro defensoras de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín, y por no haber protegido a una más (Ana Teresa Yarce), quien fue asesinada el 6 de octubre de 2004 dentro de la Comuna.
Por no haber hecho lo suficiente para prevenir las violaciones de derechos humanos que se cometieron contra estas cinco mujeres, que, según el análisis de la Corte IDH, facilitaron las autoridades tras el clima de violencia que quedó en la Comuna 13 luego de cuatro operaciones militares (Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión), el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“La determinación del lugar y modalidades del acto deberán ser consultados y acordados previamente con las víctimas y sus representantes. El acto deberá ser realizado en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de todas las víctimas que quisieren asistir”, indicó la Corte Interamericana.
Lo mismo ordenó la Corte, por ejemplo, en el proceso del Palacio de Justicia. El acto lo encabezó el presidente Juan Manuel Santos, y en él admitió la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas de al menos 11 personas, las torturas de al menos cinco y la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.
“Si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”, indicó Santos el 6 de noviembre de 2015 frente al Palacio de Justicia. Ese “si” condicional, sin embargo, empañó el momento para las víctimas. “Lo que dijo del Ejército fue muy débil”, le dijo a este diario ese día Ana María Bidegaín, viuda de Carlos Horacio Urán.
Las operaciones militares en 2002 que antecedieron al ambiente de violencia que vivieron las cinco mujeres reconocidas como víctimas por la Corte Interamericana, Mariscal, Potestad, Antorcha y Oriónt, siempre fueron catalogadas como exitosas por los gobiernos en los que se ejecutaron: el de Andrés Pastrana y el de Álvaro Uribe.
Otras disposiciones
En el fallo, la Corte Interamericana le pidió al Estado colombiano continuar con las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del desplazamiento forzado de Myriam Rúa Figueroa, una socióloga que tuvo que abandonar su casa junto a su esposo y tres hijas en junio de 2002, justo una semana después de que se hubiera ejecutado en la Comuna 13 la operación Potestad. Su casa la destruyeron luego los paramilitares.
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Para las cuatro líderes comunitarias que siguen con vida (Myriam Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo) y sus familias, la Corte pidió tratamiento de salud y psicológico. El organismo reconoció los avances que el Estado colombiano ha hecho para atender en este sentido a víctimas del conflicto, y en este caso específico pidió tratamientos gratuitos en menos de seis meses para quienes lo quieran.
Por otra parte, el Estado deberá implementar “un programa, curso o taller a través de las entidades estatales correspondientes dentro de la Comuna 13”, con el propósito de “promover e instruir sobre el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos en la Comuna 13 y a fomentar y fortalecer los espacios de diálogo entre la población que allí habita, las defensoras y defensores y el Estado”.
Este caso llegó al sistema interamericano por petición del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2004, el mismo que manejó los procesos de Jesús María Valle y las masacres de Ituango. Si le interesa leer el fallo, lo puede encontrar aquí.