En Colombia hay 70 mil víctimas de trata de personas

Colombia sería el segundo país latinoamericano más afectado por este fenómeno después de Brasil.

El más reciente informe sobre la trata de personas en Colombia, realizado por la organización Women’s Link Worldwide (WLW), reveló detalles sobre cómo esta problemática afecta al país, considerado el segundo con más víctimas de este delito en Latinoamérica después de Brasil. La investigación titulada “La Trata y Explotación en Colombia: no se quiere ver no se quiere hablar”, que se enfocó en el Eje Cafetero (Risaralda, Quindío y Caldas) y el Valle del Cauca, concluyó que a pesar de que existen estrategias y leyes para prevenir y luchar contra este fenómeno, aún falta mucho camino por recorrer.

A lo largo del documento la WLW enfatiza que la trata de personas no sólo significa explotación sexual –que representa el 58% de los casos según la Naciones Unidas–, sino que está asociada con otras violaciones a derechos humanos como la esclavitud, trabajos forzados, servidumbre y extracción de órganos. La investigación también recurrió a seis informes producidos por varias organizaciones internacionales para lograr establecer algunas cifras oficiales. Sin embargo, la WLW precisó que es difícil concretar cifras oficiales ya que se trata de un fenómeno global muy complejo, que cambia dependiendo de los países de origen, del tránsito y destino de las víctimas, de las rutas empleadas para transportarlas y de los perfiles de las personas que sufren el flagelo.

Un informe de 2013 del Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, “calcula que en los último 25 años, aproximadamente 27 millones de personas del mundo, incluidos niños, niñas y adolescentes, han sido víctimas de la trata de personas”. Sin embargo, la preocupación está en que tan sólo 46 mil personas han sido identificadas como víctimas, y que en tan sólo 4.756 casos ha existido condena. Asimismo, se detectó que este crimen se presenta en más de 118 países y afecta a personas de más de 136 nacionalidades. Por ejemplo, según la Organización de Estados Americanos (OEA) más de 1.2 millones de niños y niñas de Latinoamérica han sido explotados.

La OEA también agregó que en la región se mueven alrededor de $16.000 millones de dólares al año por cuenta de este flagelo, es decir, el 50% de lo que se obtiene en el mundo con la trata de personas, lo que lo convierte en el tercer delito más lucrativo después del tráfico de armas y el narcotráfico.

Para la WLW la situación en Colombia aún es crítica, porque según cifras de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), en Colombia 70 mil personas son víctimas de la trata de personas. El informe revela que el país ha sido utilizado para el tránsito de diferentes grupos de víctimas que vienen desde Ecuador y Asia y tienen como destino Estados Unidos o Europa.

La organización señala además que Colombia se convirtió en un país de destino al encontrar que en sectores del Valle del Cauca se han utilizado niños, jóvenes y adultos, provenientes del Ecuador que han sido explotados laboralmente. Pero el índice más alto que preocupa a WLW es el tema de la explotación sexual: mujeres enviadas principalmente a Europa Occidental, Europa del Este, Asia, el Caribe y EE.UU.

Otro de los puntos que aborda el informe es el alto índice de trata interna que aún no ha sido visibilizado. Los casos de explotación laboral y sexual se dan especialmente en departamentos como Amazonas, Nariño, Antioquia Valle, Eje Cafetero, Norte de Santander y Antioquia.

La investigación, que será presentada este viernes 15 de noviembre, agrega que una de las principales deficiencias de las políticas colombianas para la lucha contra la trata de personas es que tienen un enfoque mayoritariamente penal y dejan a un lado el tema de la protección de los derechos humanos. Aunque WLW manifestó que valora que el país haya ratificado su vinculación a 12 tratados internacionales y que creara un marco constitucional para la atención inmediata de las víctimas, recalca que a pesar de la existencia de estos programas, la atención a estas personas aún está condicionada a la presentación de una denuncia penal.

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