Preocupan casos de violencia policial

Colombia no mejora en su intolerancia contra los LGBT

Hoy se presenta en Cartagena un informe sobre violencia contra de la comunidad LGBT en 2016. Los resultados no son alentadores: se registraron 108 homicidios, solo ocho menos con respecto al 2015, y las amenazas y agresiones aumentaron.

Durante el 2016 se registraron 108 homicidios en contra de personas de la comunidad LGBT. Archivo

A Camila, una mujer trans de 23 años, dos agentes de la Policía la detuvieron cuando regresaba a casa después de celebrar la llegada del primer día de 2016. La retuvieron a ella, y a las dos amigas con las que estaba, para una requisa. Ella se negó a que dos hombres la requisaran. Les exigió que el procedimiento policial lo hiciera una mujer. Como ella. Los policías la obligaron. Ella se resistió. En medio del forcejeo, uno de los agentes desenfundó su arma. Se escuchó el primer disparo. Camila, herida ya, trató de defenderse con un gas pimienta, pero no alcanzó. Se escuchó un segundo disparo, el que acabó con su vida.

Este es uno de los casos recopilados en el informe de derechos humanos de personas LGBT en 2016 que hoy, jueves 29 de junio, se presenta en Cartagena. Los responsables de este documento, bautizado con el nombre “Entre el miedo y la resistencia”, que da cuenta de las muertes y los vejámenes que viven día a día los miembros de esta comunidad por el hecho ser gais, lesbianas trans o bisexuales, son tres de las organizaciones más importantes del país que se dedican a la protección de los derechos de los LGBT: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación. Son ellos los que investigaron los homicidios, las amenazas, la violencia sexual y policial, y las agresiones físicas que siguen teniendo cifras alarmantes en el país.

Aunque, por un lado, disminuyeron los homicidios, la reducción es muy baja, solamente de ocho casos. Mientras que en 2015 se presentaron 116 muertes, el año pasado el registro fue de 108. Por otra parte, en cuanto a las amenazas y la violencia policial, las cifras aumentaron. Para el primer caso, se presentaron 49 hechos, dos más que el año antepasado, y para las agresiones por parte de la Policía, se registraron 77, 16 más que en 2015. La situación de este panorama de violencia, para quienes realizaron la investigación, se debe analizar a partir de cuatro hechos fundamentales que ocurrieron en 2016 y que resultan ser esenciales para la lucha de sus derechos.

Los dos primeros, que son para la comunidad victorias y avances en la protección de sus derechos, son: el pronunciamiento de la Corte Constitucional en abril del año pasado cuando reconoció, por fin, que el matrimonio igualitario es constitucional; y la inclusión de un enfoque de género en el Acuerdo de Paz que se firmó en septiembre pasado y en el que se reconoció de manera expresa que las personas LGBT también fueron víctimas del conflicto armado. Los dos hechos restantes fueron, al contrario de los primeros, ataques directos a esos triunfos conseguidos durante el año pasado.

Uno de ellos fue el proyecto de ley que presentó en julio pasado la senadora Viviane Morales para convocar a un referendo en el que se decidiera si las parejas del mismo sexo y las personas solteras pueden adoptar. El cuarto elemento fue la movilización ciudadana que se dio luego de que se conociera que el Acuerdo de Paz contenía un enfoque de género. “En las calles, en medios de comunicación y en redes sociales se reprodujeron expresiones de rechazo hacia los derechos de las personas LGBT y se planteó como una amenaza a la crianza de las niñas, los niños y las familias, a la autonomía educativa y a la libertad religiosa”, se lee en el informe. 

Aunque los investigadores aclaran que esos discursos de prejuicio y rechazo en contra de la comunidad no se tradujeron en un aumento de la violencia hacia esta población, sí les preocupa esas tendencias se mantengan o, incluso, se agraven.

“Esta clase de discursos son una amenaza para que retrocedamos en las victorias legales. El mensaje más preocupante que transmiten es que nuestros derechos no valen. Cuando se habla de que las personas LGBT que fueron víctimas del conflicto no deben tener un reconocimiento especial, es como si dijeran que no les interesa su seguridad y no es necesario que estén protegidos de la violencia. Esto puede tener una consecuencia muy grave y es que se aumenten los homicidios en contra de la comunidad. Eso nos preocupa”, le dijo a este diario Gustavo Pérez, uno de los investigadores de Colombia Diversa que participó en la elaboración del informe.

Para evitar que las cifras sigan en aumento, las recomendaciones del informe son claras: es ne­cesario que el Gobierno Nacional tome medidas que promuevan la inclusión de estas personas y la generación de oportunidades educativas y laborales, y que las entidades como la Fiscalía y la Procuraduría se armen de funcionarios capacitados para atender casos en los que haya involucrados personas LGBT. “Esto no es misión imposible en Colombia. La Fiscalía ya nos ha demostrado que tiene la voluntad política para hacerlo pues dentro del ente investigador existe el Grupo de Género y En­foques Diferenciales en el que se capacitan a los fiscales para estos casos”, explicó el investigador Gustavo Pérez. 

Aunque la misión de mejorar en las investigaciones y en la protección de la comunidad tiene avances y ejemplo como el de la Fiscalía, en el informe se plasmó otra preocupación que tiene que ver con el avance de los procesos judiciales. Las cifras más importantes en este aspecto son: de los 246 casos reportados entre 2012 y 2015, 220 continúan en etapa de indagación preliminar, solo 31 han avanzado a juicio, 46 han sido archivadas y solamente 21 tiene una condena. 

Otros de los casos más preocupantes del informe son los casos de violencia policial. De acuerdo con la investigación, los hechos violentos que involucran a miembros de la Policía demuestran que la institución “sigue sin garantizar y respetar los derechos a la vida, la integridad y la libertad para las personas LGBT”. Durante el 2015, se registraron un total de 77 casos. “Las mujeres trans siguen siendo las más violentadas por parte de la Policía: 41 de los hechos conocidos fue­ron hacia ellas, incluyendo una ejecución extrajudicial (la de Camila). Once de los casos fue­ron hacia hombres gais, seguidos de los hombres trans con seis y las mujeres lesbianas con cinco hechos”, explica el informe.

“En estas situaciones es importante observar la presión que ejerce la Poli­cía para que las víctimas no denuncien y los hechos sigan en la impunidad. Aunque algunas de las víctimas decidan denunciar, la institución no les da la debida importancia a sus quejas, o comienzan actos de persecución o amenazas por parte de los policiales involucrados, para que la persona desista del proceso. Estas formas de acoso e intimidación a las víctimas de violencia policial pueden llegar a constituir el delito de amenazas a testi­gos y, por lo tanto, deberían ser investigados por la justicia ordinaria y no por la misma Policía”, advierten las organizaciones autoras del informe.

Gustavo Pérez recalcó que además de investigar los hechos de violencia, hay un mensaje esencial. “Cuando nos referimos a la no discriminación y la victoria de nuestros derechos, no hablamos de derechos especiales o de un trato diferente. Lo que queremos es que nos traten igual que al resto de la población. La gente a veces cree que lo que recibimos son beneficios. Pero lo que queremos es ser como los demás. Hablar de discriminación no solo nos beneficia a nosotros como comunidad. El tema favorece a toda la sociedad: a los indígenas, a los afros y a los niños. Este esfuerzo de acabar con la discriminación es para que en ningún sector del país”, concluyó Pérez.