Colombia pierde contrato de US$20 millones mensuales con Pdvsa

Un acuerdo firmado en 2006 por los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez parece llegar a su fin.

El acuerdo de Colombia para exportar gas a Venezuela a través del gasoducto binacional vencía inicialmente en 2011. Luego se extendió hasta 2014. / Reuters

En una foto de julio de 2006 se ve al entonces presidente Álvaro Uribe uniendo sus manos a las del primer mandatario venezolano Hugo Chávez, como símbolo del cierre de un negocio exitoso. Estaban celebrando la puesta en marcha del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en La Guajira, que sería construido por la empresa venezolana Pdvsa para transportar gas colombiano al país vecino. Siete años después se acabaron los motivos para celebrar.

Aunque el compromiso era que Colombia le vendería a Venezuela 150 millones de pies cúbicos diarios de gas hasta el 30 de junio de 2014, se estaban dando conversaciones para que el acuerdo se extendiera hasta 2016. Sin embargo, según le dijo Sara Moya Machado, gerenta de Pdvsa sucursal Colombia a El Espectador, desde ayer quedó claro que la empresa no va más. El acuerdo que le representa US$20 millones a Colombia mensuales no se extenderá.

El motivo: Pdvsa señala que los errores que ha cometido el Ministerio del Interior colombiano en cuanto a la consulta previa (determinando cuáles eran las comunidades afectadas por el proyecto), dejaron una puerta abierta que les ha permitido a otras comunidades wayuus exigir beneficios que, según Pdvsa, no les corresponden. “Agotaron las vías legales y ahora pretenden con vías de hecho que se realice un nuevo proceso de consulta previa. Frente a las vías de hecho, Pdvsa dice no más”, afirma Moya.

La gerenta de Pdvsa se refiere a los últimos hechos protagonizados por un grupo wayuu que exige, principalmente, la realización de una nueva consulta previa para incluir a algunas comunidades que según ellos también están siendo afectadas . El gasoducto binacional contempla un tubo subterráneo de 89,7 kilómetros y cuatro estaciones externas.

Lo primero fue la toma del consulado de Venezuela en La Guajira. Los días 2 y 12 de septiembre indígenas wayuus se plantaron en el lugar exigiendo presencia del Gobierno y de representantes de Pdvsa. Lo segundo fue el viaje de estas comunidades a Bogotá (por invitación del Ministerio del Interior, que cubre sus viáticos y estadía), para realizar una mesa de concertación. Han pasado 12 días y no se ha llegado a ningún acuerdo.

La tesis de los voceros de los wayuus presentes en Bogotá es que el proceso de consulta previa no fue legítimo. “Estamos representando a una población de 9.000 personas de la zona de influencia a lo largo del gasoducto (102 comunidades y tres asociaciones), porque los requisitos de consulta previa no se cumplieron en lo mínimo. Algunas comunidades se vieron beneficiadas con regalos y hay algunas personas que estuvieron de acuerdo, pero porque no tuvieron claros sus derechos”.

El viceministro Aníbal Fernández de Soto dice que este “es un tema cerrado”, que el trámite ya se surtió y que el mismo Consejo de Estado lo avaló. Fernández reconoce, sin embargo, que hay otras quejas relacionadas con proyectos de Pdvsa que deberían beneficiar a la comunidad, las cuales se están discutiendo en esa mesa de concertación. “Lo que les hemos dicho a los líderes indígenas es que no es necesario acudir a las vías de hecho: es inaceptable una toma en el consulado, es innecesario porque la voluntad del Gobierno es ayudar y contribuir a que se cumplan los compromisos”, señala, y agrega que el ministerio debe clarificar si los líderes con quienes está dialogando en Bogotá son los directamente afectados.

Precisamente este es el argumento de Pdvsa: sostiene que las personas que están liderando las protestas “no son los interlocutores legítimos”. Pero, sobre todo, se remite a los tropiezos que el mismo Ministerio del Interior habría provocado en este proceso: según explica, el mismo Mininterior fue el que definió en 2006 que eran 62 las comunidades afectadas, y fue con ellas que se realizó el trámite de consulta previa y compensación.

“En los tres años siguientes el ministerio encontró que no se habían incluido todas las poblaciones afectadas. Estaba el proyecto en pleno funcionamiento y se dijo que faltaban más”, explica Darío Córdoba, asesor legal externo de Pdvsa. En 2008 se definió que eran 123 en total las comunidades afectadas. Se hizo entonces una nueva consulta previa.

“Eso creó un precedente fatal. Si te equivocas una vez, te equivocas dos”, dice Sara Moya, de Pdvsa. Luego vendrían varias acciones judiciales de otros pobladores que buscaban estar en ese censo. Ninguna prosperó.

Lo cierto por ahora es que “Pdvsa dice no más”, en palabras de Moya.