Proceso de paz

"Colombia tiene derecho a una paz que implique la no impunidad": Fiscal General

El jefe del ente investigador aseguró que existen muchas dudas sobre la competencia entre la JEP y la justicia sobre el caso de los terceros que con su actuar apoyaron las actividades ilegales de las Farc.

Fiscal General le pide a la corte constitucional resolver el limbo jurídico de la JEP.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez le manifestó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que existen muchas fallas frente a las competencias que tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar a los terceros que con su actuar promovieron y apoyaron las actividades ilegales por parte de la guerrilla de las Farc en el marco del conflicto armado interno.

En su intervención ante los magistrados, el jefe del ente investigador explicó que por el momento no se tiene seguridad sobre quién adelantará las respectivas investigaciones en contra de los testaferros de dicho grupo guerrillero. Delitos que son de ejecución permanente y que pueden afectar en gran medida la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc.

El acuerdo, dice el Fiscal, “no dice quién es el competente para investigar la conducta de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”. Tal y como está planteada la JEP no da claridad sobre el organismo que se encargará de adelantar esas pesquisas, puesto que aquellos sujetos que promovieron y financiaron a las Farc no son como tal integrantes de dicho grupo guerrillero.

“Nada se dice de los auxiliadores”, indicó. En este sentido considera que se está abriendo una puerta a la impunidad, puesto que gracias al actuar de estos terceros las Farc pudieron ejecutar ataques contra la población civil, apropiarse de territorios y fortalecer su negocio con el tráfico de drogas.

Para el Fiscal General, la JEP debe velar para que todos los actores del conflicto armado sean investigados y juzgados por las actividades que ejecutaron durante décadas. “Colombia tiene derecho a hacer tránsito a una paz sosegada, a una paz establece realmente duradera que se extienda en el tiempo y que no se reabra en las próximas décadas a partir de una cosa juzgada constitucional férrea”.

“Los colombianos tenemos derecho a una paz que implique el silencio de los fusiles y que implique que no haya impunidad y seguridad jurídica para todos: para los desmovilizados, los actores del conflicto que participaron en esa oprobiosa guerra que sufrimos los colombianos. Y esto se va a logar a través de la definición de última instancia que haga la Corte Constitucional, es particular porque la seguridad jurídica depende del establecimiento de fronteras y la fijación de conductas inequívocas entre la justicia transicional la justicia ordinaria”, señaló Martínez.