La Comarca, el bien maldito

Los líos que dejaron a un empresario muerto, dos jueces procesados y al exsenador Jorge Enrique Gómez Montealegre enredado.

El excongresista y pastor Jorge Enrique Gómez Montealegre. / Archivo

Un muerto, dos jueces procesados, el pastor —y exsenador— de la iglesia Bethesda Jorge Enrique Gómez Montealegre enredado, una familia que busca recuperar los ahorros de toda la vida y una pelea de más de siete años, es el resultado de un litigio por La Comarca. Se trata de un predio de más de 1.400 hectáreas ubicado en la vereda San Agustín del municipio de Villanueva (Casanare) y, según cálculos de fuentes cercanas al proceso, está avaluado en $25.000 millones. La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció y hace un año ordenó devolver la finca a quien, al parecer, resultó ser víctima de una persecución infame: José Joaquín Guevara Rico, asesinado el 19 de marzo de este año en Huila.

Todo comenzó cuando el pastor Gómez Montealegre se postuló para el Congreso en 2006. En la campaña conoció a Guevara Rico, un comerciante de pescado en Bogotá. De ahí, se forjó una amistad y ambos terminaron ideando un negocio de producción para piscicultura. Ahí apareció la finca La Comarca, propiedad de Camilo Casas, quien desde hace siete años era dueño del predio. Sin embargo, por problemas de orden público no logró explotar su productividad.

Casas pidió $4.000 millones, pero en medio de las negociaciones y por lo deteriorada que estaba la propiedad, se pactó la compra por $1.300 millones. Guevara terminó asumiendo una deuda de $480 millones por el pago inicial de la finca ya que el pastor no tenía dinero. En febrero de 2006 se entregó la finca y se firmó una promesa de compraventa entre Casas y Gómez. Como testigo quedó Guevara.

Entonces el comerciante inició los procesos de adecuación para construir cercas y lagos para el proyecto de piscicultura. Según indicó Guevara en su momento, él invirtió alrededor de $600 millones para estas modificaciones. Agregó que al terminar el pago de la finca en marzo de 2007, se puso de acuerdo con el pastor Gómez para que realizaran una escritura de propiedad del 30% para él y del 70% para el exsenador.

El 30 de marzo de 2007 Camilo Casas lo llamó para que fueran a una notaría a firmar los papeles del traspaso. Ese día no fue Gómez, por lo que la escritura no quedó autorizada. Sin embargo, sí quedó registro de la entrega total de la propiedad. Entonces fue Troya. El pastor Gómez Montealegre, al parecer para no darle el porcentaje de propiedad a Guevara, firmó otra escritura inscrita con Casas en la Oficina e instrumentos públicos de Yopal el 14 de junio de ese mismo año. El documento dejó como único propietario a Gómez.

En agosto de 2007 comenzaron las peleas entre Guevara y el pastor Gómez por La Comarca. Mientras el comerciante alegaba que era el dueño del 30% y que desde hacía 16 años trabajaba en el proyecto para piscicultura, el excongresista puso una querella ante la alcaldía de Villanueva y luego lo denunció ante la Fiscalía por el delito de invasión de tierras. En el primer proceso Gómez perdió porque las autoridades consideraron que no existió una invasión tras acreditarse que Guevara era también dueño de la propiedad. Pero en la parte penal el caso tomó otros ribetes.

Aparecen entonces dos polémicos jueces: Carlos Ernesto Guerrero Rodríguez, para ese entonces juez promiscuo municipal de Villanueva, y Manuel Alberto Pardo, juez promiscuo del circuito de Monterrey (Casanare). El 10 de abril de 2008 la fiscal María Antonia Camargo acusó formalmente a Guevara atendiendo la denuncia del senador Gómez. El 3 de diciembre de 2009 el juez de primera instancia Guerrero Rodríguez condenó al comerciante a 40 meses de prisión. Según el fallo, porque desde el 2 de agosto de 2007 se apropió irregularmente de los predios “burlando las medidas de seguridad y rompiendo los candados”.

El abogado de Guevara apeló y puntualizó que no se habían considerado las pruebas de la defensa. El expediente llegó a manos del juez promiscuo del Circuito de Monterrey, Manuel Alberto Pardo, quien el 8 de marzo no sólo confirmó la sentencia de primera instancia, sino que aumentó la pena para que el comerciante Guevara no pudiera acceder al beneficio de una pena excarcelable.

“No sólo realizó (la toma) por la fuerza bruta, sino que también para lograr apropiarse de la misma se valió de las autoridades ante quienes acudió en aras de demostrar una calidad que no ostentaba”, fue uno de los argumentos. El juez Pardo agregó: “carece de todo título con el cual pueda legitimar la posesión que alega tener sobre La Comarca”. Además, ordenó capturar a Guevara, arrebatarle el predio y entregárselo provisionalmente a Gómez Montealegre. La defensa del empresario, además de denunciar por prevaricato a la fiscal y a los dos jueces, le pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar el caso.

Finalmente el 18 de diciembre de 2013 el alto tribunal absolvió a Guevara al encontrar que ninguna de las pruebas aportadas por la defensa fueron valoradas. Además, que en éstas se demostraba la inocencia del empresario —para la época escondido y sumido en la quiebra—, ya que en anteriores ocasiones se le había dado la razón de que parte del predio era suyo por la inversión que realizó en el proyecto de piscicultura; por los testimonios de quienes cuidaban la finca; y por las decisiones de las autoridades municipales.

Además, la corporación ordenó la restitución de La Comarca a Guevara y enfatizó que los jueces incurrieron en errores de valoración ya que de forma parcelada admitieron algunos hechos que acreditaban la posesión del pastor Gómez —de quien dicen, tenía todo el conocimiento de que Guevara estaba en la finca desde mucho antes de denunciarlo— y desatendieron otros de marcada relevancia en relación al caso de Guevara.

Paralelo al estudio de la Corte, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) adelantaba la investigación por prevaricato contra los dos jueces y la fiscal. A los dos primeros ya les imputó cargos. “La motivación de la sentencia (que emitieron) es apenas sofística falsa o aparente, porque en su apreciación probatoria omitió valorar todas las pruebas presentadas por el procesado (...) Si se hubieran valorado los medios probatorios se habría protegido al denunciado Guevara Rico”, precisó el ente investigador.

Al juez Carlos Ernesto Rodríguez, quien sigue ejerciendo como su funcionario en otro municipio de la región, le imputaron cargos el 20 de junio de 2013. Las audiencias están paradas porque apeló las pruebas presentadas por la Fiscalía y un conjuez de la Corte Suprema tendrá que definir la situación. Pero el caso del juez de Monterrey, Manuel Pardo, es diferente. Su proceso está en la ruta final, y se suponía que a finales de noviembre se leería el sentido de fallo. Sin embargo, por el paro judicial el Tribunal Superior de Yopal no ha tomado la decisión. Según personas cercanas al proceso, la decisión es condenatoria por el antecedente de la Corte Suprema.

En cuanto al expediente de la exfiscal María Antonia Camargo, quien al parecer va a ser declarada en contumacia, poco se ha avanzado. Por su parte, el pastor Gómez, quien vendió en 2011 el predio La Comarca a pesar de que lo tenía en su poder de manera provisional —el nuevo dueño es Jorge Uriel Patiño—, está denunciado por la defensa de Guevara Rincón por falsa denuncia y falso testimonio. Cabe recordar que en su contra también hay otras investigaciones por lavado de activos y supuestos nexos con el clan de los hermanos Álvarez Myendorff.

La familia de Guevara sigue en la lucha por limpiar el nombre del empresario asesinado cuatro meses después del fallo de la Corte. A pesar de la orden del alto tribunal de devolver La Comarca, ha pasado un año y nada que esto sucede. Al parecer, después de las trabas que han puesto funcionarios judiciales, el próximo 18 de diciembre los hijos del empresario podrían recuperar un terreno, que más que alegrías y bonanzas, les ha traído una maldición. 

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@santsmartinez

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