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La Comisión de Aforados alcanzó a sobrevivir un día más. Hasta el miércoles en la mañana, por una mayoría absoluta de ocho votos –el magistrado Jorge Pretelt está ausente–, todos los integrantes de la Corte estaban de acuerdo en finiquitar la Comisión de Aforados, que se propuso dentro de la reforma de equilibrio de poderes y que establece una nueva manera de investigar a los aforados constitucionales (que son el presidente de la República, el fiscal general y los 76 magistrados de las altas cortes). En la tarde del miércoles, el asunto cambió. La votación, le indicaron fuentes del alto tribunal a este diario, quedó en empate y fue aplazada. La fecha límite para tomar decisiones al respecto es este viernes, sin embargo, hoy se volverá a discutir el tema en la Sala Plena.
Que en Colombia exista un tribunal que acabe con la estela de impunidad e ineficacia que ha acumulado la Comisión de Acusación en el Congreso, que es el organismo que desde hace más de un siglo investiga a los aforados, fue otro de los puntos cruciales que el Gobierno quería reformar cuando presentó el acto legislativo del equilibrio de poderes en el Congreso el año pasado. La propuesta fue muy bien recibida por varios sectores políticos que apoyaron la idea de que los 78 aforados que hay en el país dejaran de tener, de una vez por todas, el rótulo de los intocables de la justicia.
El respaldo en el Congreso fue contundente y el artículo para crear la Comisión de Aforados tuvo 90 votos contra 11. Pero la ilusión de conformar este tribunal no duró mucho. El exfiscal Eduardo Montealegre lo demandó y la ponencia del magistrado Alejandro Linares señala que la Comisión sustituye varios principios de la Constitución Política. Aunque el debate en la Corte Constitucional sobre la Comisión de Aforados debía atenerse únicamente a cuestiones jurídicas, la trascendencia y el poder que iba a adquirir este tribunal puso a temblar a varios de los aforados que iban a tener que lidiar con él.
Para algunos generaba incertidumbre, por una parte, que la elección de los jueces de la Comisión iba a ser “milimétricamente” organizada por los partidos políticos, pues era el propio Congreso el que debía elegir a los cinco miembros de la Comisión de Aforados de una lista que debía enviar el Consejo de Gobierno Judicial, el cual también desapareció al ser examinado por la Corte Constitucional. Pero, además, temían que el nuevo tribunal estuviera compuesto por personas preparadas en el desarrollo de investigaciones y en el mundo del derecho penal.
Para quienes defendieron la Comisión, los argumentos que presentó Montealegre en su demanda, y que fueron retomados por la Corte, no tienen fundamento. En ningún momento, señalan, la reforma del equilibrio de poderes agregó conceptos o reglas que sustituyeran a la Carta Política. “Todo parece indicar que lo que va a decir la Corte es que, básicamente, aquí la justicia sólo se imparte a los de ruana. En este país nadie puede tocar ni al fiscal general ni a los magistrados”, le dijo hace unos días a El Espectador la representante a la Cámara Angélica Lozano.
Para la Corte existen razones poderosas para declarar la inconstitucionalidad de la Comisión de Aforados. Dice que al discutir la creación de este tribunal en el Congreso, se cometieron tres errores gruesos: el primero, que se estableció un órgano nuevo para investigar, acusar y juzgar a los aforados. En segundo lugar, que el hecho de que el proceso investigativo a un presidente no quedara igual que el de un fiscal general y los magistrados de las altas cortes era una regla que no estaba dispuesta en la Constitución. Y, por último, que a este supertribunal se le reasignaron competencias en materia de investigación, acusación y juzgamiento que no existen en la Carta Política.
Aunque el Congreso aprobó este acto legislativo el año pasado, el Gobierno decidió que no dedicaría ningún esfuerzo para que la Comisión comenzara a funcionar, pues sabía que primero necesitaba pasar el examen en la Corte Constitucional. En el caso de que el alto tribunal tumbe la Comisión de Aforados, no es claro cuál será la posición que adopte el Gobierno y quienes respaldaron la idea de reformar la justicia. En los pasillos del Congreso se habla de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, después del debate de ayer, la posibilidad de que los magistrados, presidentes y fiscales del país dejen de ser intocables, todavía sigue en pie.