La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial presentó fuertes cuestionamientos al proyecto de reforma al equilibrio de poderes que se debate actualmente en el Senado de la República, al considerar que afecta la independencia de las Ramas de Poder Público establecidas en la Constitución Política de Colombia.
En la sesión celebrada este 24 de abril, la Comisión aseguró que la reforma institucional que se plantea es “improvisada” debido a la coyuntura política puesto que no se hizo un análisis previo concertado, ponderado, con el rigor técnico y científico que este tipo de temas y reformas ameritan.
En este sentido se indica que la mencionada reforma tampoco soluciona de fondo el tema del presupuesto “generando por el contrario un sometimiento presupuestal al Gobierno, que trae como consecuencia que la ejecución de políticas no sea eficaz por no contar con un desembolso de dinero o flujo de caja oportuno”.
Esta situación, según el documento, esto es una “intromisión inopinada”, del Ejecutivo, en el sistema de gobierno de la Rama Judicial. Para la Comisión no se ha tenido la voz de los representantes de las cuatro Altas Cortes, de la totalidad de Tribunales y Jueces, integrantes de la carrera judicial y empleados.
“De cara al tema de la tan mencionada ‘Meritocracia’, no se ve garantizada por el sistema propuesto de concurso de méritos por oposición, ya que no brinda las garantías de transparencia que busca la ciudadanía en la conformación de las ternas, lo que conlleva a la mutación de la figura de la ‘puerta giratoria’”, indican.
Aseguran que la única manera de garantizar que personas idóneas lleguen a los cargos de la Rama es mediante un verdadero concurso de méritos, con prueba técnica, curso concurso y valoración de perfiles, formación y experiencia en cada materia, como se hace en la carrera judicial.
“Con relación a la Carrera Judicial, estabilidad y promoción en los cargos de la Rama Judicial, tampoco cumple los cometidos de orden constitucional, puesto que confía a un órgano técnico y académico como es la Escuela Judicial, la calificación de servicios de empleados y funcionarios, estableciendo además exámenes de conocimiento para lograr la permanencia, cuando en realidad lo que se debe evaluar es la correcta dirección y gestión de los estrados judiciales desde el punto de vista objetivo, y la pronta y efectiva prestación del servicio público de Administración de Justicia, como garantía del derecho de Acceso a la Justicia de los ciudadanos”.
Finalmente consideran que no se está analizando las falencias en el número del personal de la Rama Judicial “y menos resuelve los problemas de exceso en acumulación de demanda de Justicia, que se han venido afrontando mediante programas de descongestión que no garantizan el profesionalismo, debido a la inestabilidad e intermitencia de tales medidas; cuando lo que se requiere es un estudio a fondo de la necesidad de ampliación de la planta de personal global de la Rama Judicial que brinde una respuesta pronta, efectiva, transparente y sin impunidad a la reclamación de Justicia de los usuarios”.