:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/OJY4n5hxpRx-Ii3xsuhUlt_ksxM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KJJTJUB7BJENPPU7VY7N44NV7E.jpg)
Para la Procuraduría, reducir el impacto del escándalo de Odebrecht sobre la Ruta del Sol II es tan importante que quiere, si es posible, adelantarse a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a su acción popular radicada el pasado 24 de enero. Se trata, al fin y al cabo, de uno de los proyectos viales más importantes para el país. Por eso, el procurador Fernando Carrillo convocó una reunión este lunes 17 de julio, a mediodía, con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura). “Este lunes se rinden cuentas al país ante la Procuraduría de lo que será a futuro la Ruta del Sol y la infraestructura”, le dijo el procurador a este diario.
Es un tema que se ha estado moviendo recientemente. Los implicados en la acción popular del Ministerio Público (la ANI, la Presidencia, representantes de la concesionaria Ruta del Sol) fueron citados el pasado 7 de julio por el magistrado del Tribunal de Cundinamarca Luis Manuel Lasso para discutir los pactos de cumplimiento que cada uno de ellos debía proponer. La acción popular de la Procuraduría sostenía que, con las acciones corruptas de Odebrecht, se había puesto en riesgo el patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a servicios públicos. Por eso, consideró el organismo, era urgente tomar medidas.
En ese momento la Procuraduría pidió que la ANI tomara posesión del contrato de la concesionaria Ruta del Sol, conformada por Odebrecht, Episol —de Corficolombiana— y, minoritariamente, CSS —del grupo Solarte—. Como medidas cautelares, en febrero el Tribunal suspendió el contrato y se embargaron las cuentas y los bienes de algunos responsables del descalabro. Hasta la fecha se han embargado $191.000 millones a la concesionaria, a Odebrecht S. A., a Episol, a CSS, al exviceministro Gabriel García Morales y a los ejecutivos brasileños Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz da Rocha.
El Tribunal le ordenó entonces al presidente Santos tomar medidas de fondo. El pasado 7 de julio era la primera vez que los involucrados debían presentarse ya con pactos de cumplimiento en mano, pero la audiencia no fue tan exitosa como se esperaba. De hecho, la Presidencia se ganó un regaño del magistrado Lasso, pues no sólo no presentó el pacto, sino que además pidió que la diligencia fuera aplazada. Fuentes que estuvieron en el Tribunal le contaron a El Espectador que el magistrado Lasso reclamó por la falta de seriedad con que la Presidencia ha asumido el asunto y advirtió que, de seguir así, abriría indagaciones disciplinarias.
A esa audiencia no llegaron ni el exviceministro Gabriel García Morales ni el exsenador Otto Bula, quienes ya admitieron haber recibido dineros de Odebrecht a cambio de ayudarlos a conseguir contratos con el Estado. Las cuentas y los bienes de García Morales fueron embargados, él ha ofrecido su colaboración con la justicia y está pendiente que se determine su castigo por haber entregado la concesión de la Ruta del Sol II en medio de tantas irregularidades. Bula también está cooperando con la Fiscalía, pero a su proceso le han salido tantas ramas que hoy hay hasta un exfiscal detenido por él: Rodrigo Aldana.
La ANI, al contrario, sí presentó su pacto de cumplimiento, defendiendo las razones de la Procuraduría para presentar su acción popular. La entidad aclaró que este pacto no significa responsabilizarse por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación de la Ruta del Sol II, y expresó que se comprometía a estructurar un nuevo proceso de Alianza Público Privada, estableciendo cuánto le costará al Estado culminar las obras. Asimismo, que hará lo necesario para evitar que la entidad responda patrimonialmente por daños reclamados por terceros. La ANI pidió acceso a los recursos provenientes de los embargos para esta tarea.
Entre los procesos que ya enfrenta la ANI figuran dos demandas arbitrales que radicó la concesionaria Ruta del Sol, por cuenta de los costos y gastos extras por $798 mil millones que, asegura la unión temporal, asumió en este proyecto vial. Odebrecht, Episol y el grupo CSS están determinados a recuperar ese dinero, pero el asunto se ha movido con lentitud y con obstáculos. En febrero de este año, los jueces del caso renunciaron y el Ministerio de Transporte anunció que los denunciaría, considerando que ellos le impidieron al Gobierno sancionar a la concesionaria por sus incumplimientos.
Este 21 de julio se reunirán los delegados de Presidencia, ANI, Agencia Jurídica del Estado, concesionaria Ruta del Sol, Procuraduría y hasta Cancillería, entre otros, en el Tribunal de Cundinamarca. Esta vez discutirán los avances de las medidas cautelares que se impusieron en febrero, entre las cuales aparecía que el Gobierno definiera quién quedaba a cargo de la obra mientras se escogía la APP. El elegido, se sabe ya, es Invías, y en esa audiencia se oficializará. Pero allí se dirá algo más: que para Invías ha sido extremadamente difícil evitar que se paralicen las obras, pues Episol y CSS decidieron no entregarlas hasta que se conozca el fallo del tribunal de arbitramento.