Comunidad LGBTI celebra ponencia del magistrado Guerrero

Según Ana Elisa Leiderman, del dicho al hecho hay mucho trecho y múltiples interesados en que no se les otorgue ese derecho.

Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero están juntas desde 2005. / Archivo personal

“La Corte concederá el amparo del derecho de las accionantes a tener una familia en el marco de la autonomía de la voluntad y del interés superior del niño, y ordenará revocar el acto administrativo que declaró la improcedencia de la solicitud de adopción, para que en su lugar se continúe el trámite previsto legalmente y sin que la homosexualidad de la pareja se convierta por sí misma en un obstáculo para la conformación del vínculo filial”. Este es uno de los principales apartes de la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, que abre las puertas para que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

Tal como lo reveló El Espectador en su edición dominical, la Corte se apresta a ponerle punto final al drama que han vivido desde el año 2009 la pareja conformada por Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero. El centro de la discusión ha girado en torno a la posibilidad de que Verónica pueda adoptar a la hija biológica de Ana Elisa, quien ha sido su compañera sentimental durante los últimos ocho años. Muy a pesar de que en noviembre de 2005 firmaron su unión civil en Núremberg (Alemania) y en marzo de 2008, a través de notario certificaron dicho lazo en Colombia, desde 2009 libran una batalla legal ante la imposibilidad de que Verónica pueda adoptar.

Lo más importante del proyecto de fallo del magistrado Luis Guillermo Guerrero es que sostiene que esta pareja puede adoptar si cumple todos los requisitos formales que exige el Estado colombiano en estos procesos. Aún más, la ponencia advierte que la condición homosexual de Verónica y Ana Elisa no puede constituir un veto para que les sea reconocido este derecho. Por esta razón le ordena a la Defensoría de Familia de Rionegro (Antioquia) que se continúe con el trámite administrativo correspondiente para que Verónica pueda adquirir legalmente su condición de mamá de la hija de su pareja. Un trámite que desde 2009 fue interrumpido por el Estado.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, cuando este diario divulgó los detalles de esta ponencia, la comunidad LGBTI celebró esta posición del magistrado Guerrero, quien a pesar de su origen conservador será quien lidere el debate en la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Según Guerrero, la determinación de la Defensoría de Familia de Rionegro de impedir la adopción de la menor “por el carácter homosexual de la pareja sí puede vulnerar tanto sus derechos, como los de su madre y su compañera”.

Además —añadió el jurista— Verónica “ha establecido un vínculo firme, sólido y estable con la menor, compartiendo con la madre los deberes asociados a la filiación y particularmente los relacionados con su crianza, cuidado y manutención. El compromiso asumido por Verónica ha ido hasta el punto de utilizar diferentes estrategias para intentar convertir lo que hoy son meros ‘actos de liberalidad’ en auténticos deberes que garanticen la protección indefinida e incondicional de la menor. Así en el año 2005 suscribió un documento oficial en Alemania en el que se comprometió a asumir de manera indefinida las obligaciones relacionadas con la niña”.

El Espectador consultó a Ana Elisa Leiderman sobre el sentido de esta ponencia. Según manifestó, “recibimos la noticia con escepticismo. Del dicho al hecho hay mucho trecho y muchos fanáticos religiosos y conservadores en el camino”. Así mismo, añadió: “Aunque sería un gran paso, las leyes de papel por sí solas hacen poco por cambiar la actitud de los funcionarios y la sociedad en general. Todavía habría que dar la batalla para que se respete el derecho otorgado”. Leiderman, de paso, aclaró que ninguna de ellas tiene nacionalidad alemana —como erróneamente se informó en estas páginas ayer— y se declaró a la expectativa del fallo.

Por su parte Mauricio Albarracín, de la ONG Colombia Diversa, resaltó: “Es una buena noticia que después de tres años de espera en la Corte por fin haya una ponencia. La ponencia responde al precedente constitucional sobre las parejas del mismo sexo, en el sentido de que desde 2011 ya constituyen una familia, y no existe ningún obstáculo constitucional para el reconocimiento de adopción”. Albarracín agregó que “lo interesante del magistrado Guerrero es que, a pesar de su origen conservador, está mostrando independencia frente a quienes lo eligieron en el Congreso. Esperamos que este fallo se produzca antes de terminar el año”.

Esta semana deberá empezar la discusión sobre este espinoso tema. La ponencia, sin duda, constituye un espaldarazo a décadas de lucha de la comunidad LGBTI por la igualdad. Si se acoge la tesis de Guerrero, quedaría abierta la puerta para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, quizá la conquista social más grande de todas las ya alcanzadas. No obstante, tal como dice Ana Elisa Leiderman, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y conocidos son aquellos que se han opuesto a esta posibilidad. El procurador Alejandro Ordóñez, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Universidad de la Sabana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros.

Hace dos años el cardenal Rubén Salazar señaló en un comunicado: “Es precisamente por amor y respeto a esta gran dignidad que corresponde a todo hombre y mujer, homosexual o no, y que exige de la Iglesia, del Estado y de la sociedad, sinceridad y franqueza, que los católicos nos oponemos a que los menores de edad puedan ser confiados en adopción a parejas conformadas por personas del mismo sexo”. Según fuentes consultadas por este diario, el cardenal volverá a reeditar ese comunicado el día de hoy.

 

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