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Antes de finalizar la tregua de tres días decretada por la estructura de Los Pelusos –que libra una disputa con el Ejército de Libración Nacional (ELN) en gran parte por el control territorial–, un líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Orangel Galvis, sufrió un atentado cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el municipio de Hacarí, en Norte de Santander. La situación después de estos días de tregua siguió siendo la misma: calles solitarias, comercios cerrados y un tenso escenario que no avizora una salida que tranquilice los habitantes de los 11 municipios que hacen parte de esta región. (Lea también: "Mi pueblo amaneció muerto": así se vive el regreso del paro armado en Catatumbo)
Al menos ese es el panorama observa el defensor del pueblo de Ocaña, Nelson Arévalo, una de las pocas autoridades que ha logrado presenciar la situación que se vive allí. Arévalo llegó este viernes a la zona de Hacarí para verificar el estado en el que se encontraba Galvis, quien estaba acompañado por la personería municipal de ese municipio, campesinos, habitantes y líderes de su asociación Ascamcat. Igualmente, el defensor retrató lo que está pasando luego de los tres días del cese del paro armado: “Estamos en el municipio de Hacarí. A esta hora está totalmente solo. Podemos observar el transporte público paralizado, las calles solas, la alcaldía municipal y los negocios (cerrados)”, dice en uno de sus videos.
A través de un comunicado la Policía Nacional rechazó cualquier tipo de violencia que atente contra la integridad y la vida de los líderes sociales de Norte de Santander. A su vez, designó una comisión que adelantará las investigaciones pertinentes para identificar y hallar a los responsables. Aunque no se conoce los motivos del ataque contra el líder social, Ascamcat hace dos exigencias: que los actores armados no involucren a sus líderes sociales y a la comunidad en general, y al Gobierno que brinde garantías para los líderes presentes en la región. (Puede leer una editorial de este diario aquí)
La desconfianza impera
Un funcionario del municipio de Tibú, que por seguridad pidió no revelar su nombre, le dijo a este diario que hay una situación de expectativa frente a lo que pueda pasar. Si bien él dice que la Policía está garantizando la seguridad para que el comercio reabra sus puertas, en la comunidad todavía no existe la confianza para que lo puedan hacer. “Por ahora, estamos tranquilos. Un 40% del comercio decidieron hoy abrir sus puertas, pero siempre estamos a la expectativa”, aseguró. Otro ciudadano que también solicitó ocultar su identidad, y quien habita una de las zonas rurales de Teorama, comenta que la situación de confinamiento es una preocupación para la región. (Le sugerimos: Organización de derechos humanos resalta el valor de la comunidad del Catatumbo)
Esta persona, quien es un representante de la comunidad, dice que los últimos tres días se vivieron en paz, hubo comida y no permanecieron encerrados en sus casas. “La cabecera municipal de Teorama está sola por el tema de las amenazas que es lo que más nos preocupa, pero, de nuevo, volvemos a estar confinados”, dice esta persona quien le pidió a los actores armados que “cesen el paro armado para que podamos volver a trabajar. La guerra es de ellos y no de nosotros”. Entre tanto, el personero del municipio de San Calixto, José Luis Franco, precisó que el tema económico es preocupante porque en esa región se siembra tomate, cebolla y frijol, alimentos que no se ha puesto en el mercado por cuenta del paro armado. “En estos momentos los campesinos tienen sus productos estancados y no pueden salir a la venderlos. Y en los tres días que duró la tregua los precios estuvieron muy bajos”, comentó.
El personero igualmente explicó que esta situación también ha dejado a la gente sin empleo y que, de seguir así, el municipio podría declararse en calamidad pública. “El Estado tiene un San Calixto en abandono total. Esto, sumado al conflicto, nos deja en una posición muy crítica”, sostuvo Franco quien informó que este viernes llegaron 40 bultos de comida de 80 kilos “para 5.000 personas desplazadas”. “La gente está desesperada y llorando. No sabemos que hacer y queremos encontrar respuestas”, finalizó. (Lea: La educación, nueva víctima del conflicto en el Catatumbo)