:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/2pHyJUlLgBxcpYhOLlhW9iB7bz0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/63EM72ABYJGRPB6RMJPWTTEPS4.jpg)
El Gobierno Nacional acaba de hacerle una petición con pocos antecedentes a la Sala Plena de la Corte Constitucional: que aplace la discusión que adelanta sobre si los bienes baldíos de la Nación, como propiedad del Estado, pueden ser entregados a particulares bajo una figura llamada prescripción adquisitiva de dominio en procesos judiciales de pertenencia. La solicitud formal que realizó el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, y la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Cárdenas, generó sorpresa ya que este expediente está en estudio desde 2018. Incluso, en febrero de 2019 se convocó a una audiencia pública al respecto en la que participaron representantes del gobierno, expertos y representantes de la sociedad civil.
Abecé de la discusión de baldíos que adelanta la Corte Constitucional
La Corte está estudiando varias tutelas que presentó la ANT contra decisiones judiciales que entregaron baldíos a particulares por la vía de la prescripción del dominio o usucapión en la que, se le otorga la propiedad a quien habita y explotó un predio luego que su dueño se desentendiera del mismo, solo acreditando haber estado allí por años. El problema es que por esta vía, que no contempla más requisitos, se han entregado bienes baldíos de la Nación. Y los baldíos, por ley, deben adjudicarse, en un proceso administrativo que hace la ANT, a campesinos para impulsar la reforma agraria. Ya la Corte en 2014 así lo ratificó en un fallo que ordenó hacer un registro y clarificación de los baldíos de la Nación.
Ahora, el Gobierno, en una carta de dos páginas conocida por El Espectador, considera que la decisión debe aplazarse teniendo en cuenta que aun está en marcha la construcción de un Plan Nacional de Clarificación que ordenó la Corte en la sentencia T-488 de 2014, para que se identificara la naturaleza jurídica de todos los predios de la Nación y así poder hacer un inventario de bienes baldíos para su adjudicación. Según el gobierno, para poder hacer esto ha sido necesario “revisar, analizar y establecer” salidas jurídicas en casos en los que ya jueces han entregado baldíos por prescripción adquisitiva a personas que “muy posiblemente han equivocado la ruta para consolidar un derecho legítimo y que, por motivos de la normatividad actual, vendrían incierta su situación jurídica frente a la tierra”.
“Hay hondos problemas de protección, administración y acceso a baldíos”: Procuraduría
Según el gobierno hay casos en los que propietarios privados podrían quedar en una inseguridad jurídica, y se podrían ver avocados a participar en procesos de clarificación, recuperación y adjudicación, cosa que, en su criterio, “no estaría en la línea con los mismos postulados y argumentos esbozados por la Corte, sin las garantías de principios como economía, celeridad y justicia”. En ese sentido, el Gobierno le solicitó a la Corte la posibilidad de reunirse con la mesa de seguimiento que se creó para el cumplimiento del fallo de 2014 y a sí poder analizar “las posibles consecuencias de una decisión constitucional para la seguridad jurídica de situaciones consolidadas, así como el impacto económico de las familias campesinas que deberán someterse a nuevos trámites administrativos, en detrimento de la satisfacción de un derecho que ya suponían consolidado”.
La petición del Gobierno llega justo cuando el debate ya está en marcha en la Sala Plena de la Corte, que tiene este viernes su tercera sesión al respecto. Y en medio de un amplio debate social pues organizaciones como Dejusticia y la misma Procuraduría General solicitaron que se declare un estado de cosas inconstitucionales sobre la gobernanza de la tierra en Colombia, con el fin de dar órdenes estructurales. El magistrado a cargo del caso, Antonio José Lizarazo, está a favor de esa postura pero, según conoció este diario, tiene fuertes contradictores en la Sala Plena.