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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema solicitó oficialmente al Ministerio de Justicia que solicite en extradición al gobierno de Venezuela a la excongresista Aida Merlano Rebolledo, condenada a 15 años de prisión por delitos electorales. La petición se produjo un día después que la mujer solicitara en audiencia ante la justicia de ese país protección, alegando que su vida está en riesgo y que es víctima del gobierno colombiano.
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La solicitud reseña que a través de oficio S-2O2O-O1227O del 29 de enero de 202O, Interpol Colombia informó que Aida Merlano Rebolledo fue capturada el 27 (de enero) en Venezuela. Y que, como existe orden de captura internacional en su contra a través de circular roja, se “pide agilizar los trámites ante el Ministerio de Justicia y del Derecho para pedir su extradición”.
La petición de extradición contiene el detalle de los delitos por los que Merlano fue condenada el 12 de septiembre de 2019 luego que se comprobara que su elección al Congreso estuvo mediada por una gran empresa de compra de votos denominada Casa Blanca. Fue condenada por concierto para delinquir al “considerar que organizó, promovió, dirigió y encabezó una organización conformada por empresarios, particulares y políticos en el Atlántico, al objeto de perpetuar su hegemonía política en distintos cargos de elección popular transgrediendo, en particular, los mecanismos de participación a través de la corrupción al sufragante".
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Estos hechos ocurrieron, "desde el año 2014, cuando se hizo elegir Representante a la Cámara, luego en el 2015 al apoyar las elecciones de concejales, diputados y gobernadores, y, finalmente en las elecciones de marzo de 2018 cuando salió electa Senadora de la República". Igualmente, fue condenada por del delito de corrupción al sufragante porque la organización criminal a la que pertenecía Merlano "tenía como finalidad la compra de votos con el objetivo de promover y ascender a la candidata en la estructura del poder legislativo".
"Para ello actuó con el concurso de otras personas que emplearon medios técnicos, materiales y económicos con un propósito colectivo de potenciar al grupo en su presencia y participación política en la región", agrega el documento. Y fue condenada por el delito de tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones porque el día del allanamiento a su sede política, el 11 de marzo de 2018, fueron encontradas tres armas de fuego y la munición sin su respectivo salvoconducto para su porte.
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"Los artefactos eran utilizados por la organización a la que pertenencia Merlano a objeto de prestar la seguridad requerida para el manejo de las altas sumas de dinero con el que se cancelaban los sufragios; la procesada tenía plena comprensión de esta conducta y consintió su ejecución como parte de la distribución de funciones y el aporte objetivo trascendente de algunos de los miembros de la estructura criminal para alcanzar los fines propuestos", dice el documento de la Corte.