Con proyecto de ley, arranca tratamiento diferencial para pequeños cultivadores

Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, explicó los alcances del proyecto de ley que beneficiaría a pequeños cultivadores de plantas ilícitas: excarcelación sería para campesinos con cultivos de hasta 3,8 hectáreas de coca. La Fiscalía se declaró aterrada con la apuesta y explicó que ya le envió una carta al ministerio con sus reparos.

Mauricio Alvarado - El Espectador

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, se refirió este jueves a los dos proyectos de ley que radicó en el Congreso de la República para darle desarrollo a los acuerdos de paz de La Habana (Cuba). Por un lado, la iniciativa que fija las condiciones para que grupos armados organizados –en particular el Clan del Golfo– se sometan a la justicia,  y por el otro, el proyecto que contempla medidas para que los pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas se acojan a programas de sustitución y no sean judicializados.

Según el funcionario, ambas iniciativas se tramitarán en el legislativo a través del procedimiento especial de fast track, que permite agilizar en el Congreso las discusiones y sacar adelante reformas relacionadas directamente con los acuerdos de paz. En relación al proyecto de ley que beneficiaría a pequeños cultivadores, Gil Botero argumentó que se trata de una iniciativa ideada para “no seguir confrontando” al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico: los campesinos que, con ocasión del conflicto, han resultado instrumentalizados por grupos armados o que no han tenido otra elección que entrar a la ilegalidad.

El ministro detalló que la idea es proponerles una alternativa a estos campesinos a cambio de que renuncien a los cultivos ilícitos y se acojan a programas de sustitución voluntaria. Si cumplen con ello, ya no estarían en la mira de las autoridades y recibirían un tratamiento penal diferencial. De esta manera, explicó Gil, se beneficiaría a cerca de 100 mil familias inmersas en cultivos ilícitos. Este proyecto recoge lo acordado en el punto cuatro de La Habana, para solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito. En Cuba se conoció como los delitos de hambre, y pretende aliviar la situación jurídica de quienes se metieron en cultivos ilícitos por falta de oportunidades.

“Los pequeños cultivadores deben manifestar su intención de terminar con esta actividad ilegal y acogerse a programas de sustitución. Para ello, tienen dos meses en los que se verificará su no reincidencia para proceder a la extinción de la acción penal (…) Tienen un año para acogerse a los programas y firmar compromisos. Y, para acabar con los cultivos tendrán un plazo de 45 días”, manifestó el ministro de Justicia en diálogo con Blu Radio.

Gil Botero precisó que esta iniciativa cobijaría únicamente a campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana  y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola. “Los pequeños cultivadores son víctimas. Son instrumentalizados por el narcotráfico. La idea es ofrecerles un tratamiento penal diferenciado respecto a un gran narcotraficante. Es un tránsito a la legalidad”, indicó a la emisora, invitando al Congreso a llevar a cabo un debate técnico alrededor de las hectáreas y dimensiones de los cultivos que serían cobijados en la iniciativa. La iniciativa cobra importancia en momentos en que la erradicación forzada en Tumaco dejó cocho muertos, y ya se advierte que las protestas de campesinos podrían estallar en todas las zonas cocaleras, como Cauca o Catatumbo. 

Por otro lado, el ministro explicó los alcances del proyecto para el sometimiento colectivo de los denominados Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDC). La iniciativa es la respuesta del Gobierno a la carta que le envió Otoniel, el jefe máximo del Clan del Golfo (antes conocidos como Los Urabeños, el Clan Úsuga o las Autodefensas Gaitanistas) al presidente Juan Manuel Santos, en la que declara su intención de someterse a la justicia. 

(En contexto: Ministro de Justicia radicó proyecto de ley para sometimiento del Clan del Golfo)

De acuerdo con el funcionario, el proyecto fija un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de todas las organizaciones criminales y plantea un marco normativo que busca fortalecer la investigación de los hechos punibles. Entre otras, se propone una rebaja del 50% de la pena a los delincuentes que se sometan a la justicia, un beneficio que –explicó Gil Botero– no puede interpretarse como una concesión, teniendo en cuenta que tal privilegio ya está incrustado en la Ley de extinción de dominio.

“El proyecto no ofrece un tratamiento penal diferencial que implique beneficios más allá de los que consagra la legislación ordinaria para los casos de sometimiento a la justicia”, dijo el ministro, haciendo hincapié en que la iniciativa comprende una sujeción total a la ley, es decir, entrega de armas, rutas y fortunas; colaboración con la justicia y reparación a las víctimas.

En referencia a otro artículo que ha levantado ampolla, el que indica que los delincuentes podrán quedarse con el 5% de los bienes adquiridos producto de las actividades criminales, Gil precisó que tal porcentaje no podrá exceder los 2.500 salarios mínimos.

“Planteamos este proyecto para que haya un acercamiento colectivo y una efectiva judicialización, teniendo en cuenta que los instrumentos judiciales actuales no son suficientes y no permiten a la Fiscalía y al sistema jurídico colombiano tener o manejar el sometimiento o la sujeción de bandas criminales”, puntualizó el ministro de Justicia.

Los reparos de la Fiscalía

Durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía en Barranquilla, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. “Para decirlo en una sola palabra, la Fiscalía se declara francamente aterrada. En medio del boom de los narcocultivos en Colombia, no es posible demeritar la política antinarcótica”, expresó Martínez Neira, quien agregó que considera que la apuesta del Gobierno no es diferencial entre los eslabones más pequeños del negocio de los cultivos y los grandes empresarios y narcotraficantes.

Se trata, según el fiscal, de un “muy mal mensaje para el momento que estamos viviendo (…) Que no se diga que de esta manera se está cumpliendo el Acuerdo de Paz de La Habana. Allá se negoció un tratamiento penal diferenciado y no un tratamiento penal arrodillado. De hacerse realidad este proyecto, estaríamos dando un paso atrás. En medio del boom de los narcocultivos en Colombia no es posible debilitar la política antinarcóticos”, puntualizó el fiscal Martínez, quien aseguró que ya le envió una carta al ministerio de Justicia con todos sus reparos al proyecto.