Con tutela,una fiscal logró que no le descontaran el “impuesto solidario”

La fiscal demandó a la dirección ejecutiva del ente investigador, que ahora no podrá descontarle el 20% de su salario, como ordena el decreto del "impuesto solidario".

La fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, Olga Tristancho, es una de las funcionarias que, dada la emergencia del COVID-19, tuvo que donar a la fuerza un porcentaje de su salario para aliviar un poco la situación económica del país. Esta medida, que fue llamada por el Gobierno “impuesto solidario” obliga a todas las entidades a retener un porcentaje de más del 10% del sueldo de los servidores públicos con salarios superiores a $10 millones. Sin embargo, la fiscal Tristancho acaba de ganar una tutela con la que logró que la eximieran de esa retención, que ella considera abiertamente ilegal.

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La pelea de Tristancho inició el pasado 28 de abril, unos días después de que el Gobierno publicara el decreto legislativo 568 de 2020 que creaba este nuevo impuesto para los funcionarios que tuvieran altos salarios. Ese día, la directora ejecutiva de la Fiscalía, Marcela Yepes, envió una comunicación masiva a todos los empleados del ente investigador en la que negó las múltiples peticiones de no retenerles el impuesto solidario a los servidores que ganaban más de $10 millones y, en cambio, reiteraba su intención de seguir al pie de la letra la recién creada directriz del Ejecutivo.

Un par de semanas después, el 15 de mayo, la fiscal Tristancho interpuso una tutela contra la Fiscalía asegurando que se estaba poniendo en riesgo su mínimo vital y el de su familia, pues en su hogar dependían de sus ingresos. Además, demostró con pruebas cómo estaba sumida en deudas, por lo que, de su salario, que podría parecer alto, no le quedaba mucho después del pago de cuotas de bancos e impuestos, y reducírselo ahora le supondría peligros a ella, su madre y su hijo. Por ende, pidió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le inaplicara la norma por inconstitucionalidad, pues la funcionaria aseguraba que con ella el Ejecutivo incurría en “doble tributación”.

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El Tribunal remitió la tutela a los juzgados administrativos de Bogotá y allí todos los jueces se declararon impedidos porque el resultado de la tutela también podría afectarlos directamente, al ser ellos funcionarios públicos. Fue así como el 26 de mayo se nombró de juez ad hoc al abogado Ramiro Borja, que de inmediato inició el estudio del expediente y, a los pocos días, recibió respuesta de la entidad demandada: la Fiscalía. En su escrito, como era de esperarse, la dirección ejecutiva del ente investigador pidió que se negara todo lo que pedía la fiscal Tristancho.

Además de reprochar que se pidiera una inaplicación del impuesto solidario con una tutela, la directora ejecutiva de la Fiscalía criticó las decisiones financieras que había tomado Tristancho y que la llevaron a verse en una situación como la que reportaba. “Le correspondía a la demandante, si consideraba que dicha retención tributaria impacta sus finanzas personales de tal manera que se comprometa su mínimo vital, refinanciar sus obligaciones de tipo crediticio con las entidades acreedoras, gozando de las facilidades de pago que se han otorgado en medio de la Emergencia Social, Económica, Social y Ecológica, por la que atraviesa el país en estos momentos”, asegura la respuesta de la Fiscalía.

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Sin embargo, el juez descartó la respuesta de la Fiscalía y, tras estudiar todas las pruebas que allegó Tristancho concluyó que los efectos del impuesto solidario sí le son “notoriamente lesivos”, a pesar de “su alta remuneración oficial, dado que en este momento ella atraviesa por una difícil situación económica”. Aunque no accedió a inaplicarle el impuesto por la vía la fiscal demandante pedía, sí le ordenó al ente investigador “no realizar el descuento del impuesto solidario COVID-19”. Así las cosas, mientras la Corte Constitucional decide sobre la legalidad de este impuesto, por lo menos una funcionaria ya logró ser eximida.