Concejales subidos al carrusel

Los investigarán por interés indebido en contratos y peculado por apropiación. Varios habían sido mencionados por Germán Olano e Inocencio Meléndez.

El carrusel de la contratación tocó las puertas del Concejo de Bogotá. A escasas dos semanas de las elecciones locales, la Fiscalía anunció públicamente el llamado a interrogatorio de 17 de los 45 concejales, para que den sus explicaciones frente a algunas denuncias que los señalan como posibles partícipes en uno de los grandes escándalos de corrupción del país.

Los indiciados son los concejales Orlando Parada, Javier Palacio, Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Édgar Torrado, del Partido de la U; Julio César Acosta, Fernando López y Henry Castro, del Partido Cambio Radical; Wilson Duarte y Fernando Rojas, del Polo; Jorge Durán y Jorge Ernesto Salamanca, del Partido Liberal; José Juan Rodríguez y Antonio Sanguino, del Partido Verde; Ómar Mejía y Severo Correa, del Partido Conservador, y Rafael Escrucería, del PIN. De ellos, 15 están en campaña.

Ayer, una vez se hizo pública la noticia, personal del CTI fue al Concejo para notificar a los indiciados, a través de la presidencia de la corporación, la decisión de la fiscal general de abrirles indagación preliminar con el fin de establecer su posible responsabilidad en los delitos de interés indebido en contratos y peculado. La investigación se abre basada en testimonios que señalan a los concejales como posibles responsables de irregularidades en contratos de varias entidades distritales, entre 2008 y 2011, justo en la administración de Samuel Moreno.

Al frente de la investigación está José Ricardo González, fiscal delegado ante la Corte y encargado de todas las investigaciones por contratación en Bogotá, quien escuchará a los concejales en interrogatorios, para luego decidir si les formula o no imputación. Las diligencias están programadas hasta el 21 de diciembre. El Espectador conoció que la fiscal general tuvo la sugerencia de ordenar la captura de cuatro de los investigados, para evitar su fuga, pero se frenó la decisión. La presidenta del Concejo indicó que acata y respeta las decisiones de la justicia. “A cada concejal le corresponderá entrar a asumir su defensa. Quiero dejar en claro que las responsabilidades en este caso son individuales y no se puede hablar como corporación”.

Ante los señalamientos de sectores que calificaron la decisión de la Fiscalía de tener tintes políticos, la propia fiscal Viviane Morales rechazó la insinuación. “Aquí hay concejales de todos los partidos. La Fiscalía no tiene agendas políticas. Se trata de una investigación que se inició este año y que ha abierto capítulos nuevos, pero no tiene tinte político y no pretende atravesarse a la elección del Concejo ni del alcalde de Bogotá”, dijo.

La jefa del ente acusador aclaró que la decisión no implica una responsabilidad específica ni una imputación. “Ese es un paso obligado en la investigación y no desvirtúa la presunción de inocencia”.

El hecho que ahora involucra a la tercera parte del Concejo de Bogotá no es algo sorpresivo, ya que desde hace casi cuatro meses se escuchaban rumores sobre la investigación contra los ediles e, incluso, se hablaba de posibles capturas.

La versión de la investigación contra los concejales tomó fuerza cuando se conocieron las declaraciones del excongresista Germán Olano, el exjefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez y el contratista Alejandro Botero, quienes, para colaborar con la justicia, señalaron el supuesto poder e influencia de los ediles. También hablaron de reuniones y supuestos nexos de algunos con la gran red de corrupción que se tejió en la capital del país.

El contratista Botero habló de una reunión en la que concejales habrían pedido comisiones a nombre del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. El encuentro tuvo lugar en el primer trimestre de 2009, supuestamente en el apartamento de Hipólito Moreno, y a él también asistieron el concejal Andrés Camacho, el contratista Julio Gómez y Mauricio Galofre.

Por su parte, Germán Olano, en dos declaraciones que rindió ante la Corte el 27 y 31 de mayo, prendió su ventilador y concentró sus confesiones en fortalecer la idea de que varias entidades de la red hospitalaria de la Secretaría Distrital de Salud fueron convertidas en fortines políticos. Olano mencionó a siete de los hoy llamados a interrogatorio. En la declaración, revelada por El Espectador, el excongresista habló de la amistad del contratista Julio Gómez con algunos concejales como Rodríguez, Moreno y Salamanca. También de posibles irregularidades en contratos del Acueducto de Bogotá, donde señaló la relación del concejal Sanguino con el exgerente del Acueducto Édgar Ruiz.

Ante una pregunta concreta de la Corte, sobre si eran comunes que departieran funcionarios con contratistas, Olano comentó que, las veces que estuvo en la casa de Manuel Sánchez, había allí directores de hospitales, concejales y miembros de la administración: el concejal Orlando Parada, Isaac Moreno, el entonces director del hospital del Tunal, Aldemar Bautista, y hasta el secretario de Salud, Héctor Zambrano.

Gran parte de la declaración de Olano fue ratificada luego por el exjefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quien habló de la relación de varios concejales con los protagonistas del carrusel de la contratación. Muchos de ellos relacionados con los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, quienes están en negociaciones con la Fiscalía.

Por ahora, con el llamado a interrogatorio de los 17 concejales, se abre un capítulo más del carrusel que enredó a diferentes instancias de la administración, en medio de uno de los escándalos de corrupción que golpean al Distrito.

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