La condena contra Moreno y Hurtado

La Corte Suprema de Justicia leyó el sentido del fallo contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno.

La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el abogado Jaime Granados, defensor de Bernardo Moreno. / Luis Ángel
El sentido del fallo del magistrado Fernando Castro sobre el caso de las chuzadas del DAS, en el que resultaron procesados la exdirectora de ese organismo de inteligencia María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, fue condenatorio. La Corte Suprema de Justicia responsabilizó a los dos alfiles del uribismo por los hechos que rodearon los seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y políticos. Para el alto tribunal, los testimonios de exdirectivos del DAS, las órdenes de operación y documentos hallados durante el allanamiento a la sede principal de la entidad que realizó la Fiscalía en febrero de 2009 son pruebas contundentes de este sombrío episodio de la administración de Álvaro Uribe.
 
El próximo 5 de marzo, a las 3:00 de la tarde, el magistrado Castro presentará el fallo que definirá la pena que cumplirán en prisión Moreno y Hurtado. Es el epílogo de un largo escándalo judicial en el que, según palabras del alto tribunal, se utilizaron dineros públicos para cometer acciones ilegales con el fin de desprestigiar a la Corte Suprema y enemigos políticos del gobierno de ese entonces. Castro agregó que la exdirectora del DAS recibió órdenes directas desde Presidencia para adelantar operaciones de espionaje sin sustento legal y que, se infiere, éstas fueron dadas por el propio  Moreno.
 
A Moreno lo condenarán por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Mientras que a María del Pilar Hurtado la responsabilizarán por cinco cargos: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato y falsedad ideológica en documento público. Cabe recordar que la exdirectora del DAS se entregó el pasado 30 de enero en Panamá, luego de que le retiraran el asilo político que tenía en ese país desde diciembre de 2010.
Entre los testimonios que le permitieron a la Corte entender el rompecabezas del escándalo de las chuzadas del DAS están el del capitán (r) Jorge Lagos, exsubdirector de contrainteligencia; el del capitán (r) Fernando Tabares, exdirector de Inteligencia; la exsubdirectora de operaciones Martha Leal, el exsubdirector de fuentes humanas William Romero, el exsubdirector de análisis Gustavo Sierra y la exdetective Alba Luz Flórez, más conocida como la Mata Hari.
 
El magistrado Castro precisó que entre Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado crearon una hoja de ruta para que los reportes de inteligencia que trataban los temas de interés de la Casa de Nariño fueran recibidos exclusivamente por el secretario general de Presidencia. En una valija llegaban los documentos al despacho de Moreno, según indicó la Corte. Toda esta información está sustentada en las declaraciones entregadas por los cerebros de estas operaciones.
 
Uno de ellos, el capitán (r) Tabares, fue quien narró que Moreno era el enlace con la Presidencia. Reveló uno de los episodios que marcaron el camino de las investigaciones en este escándalo. Se trata de un desayuno que sostuvo en el exclusivo Club Metropolitan, en septiembre de 2007, con Hurtado y Moreno. Tabares aseguró que en esa reunión se mencionó que debían encontrar el más mínimo detalle sobre los supuestos nexos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro con grupos al margen de la ley y que también se debía tener controlado al periodista Daniel Coronell. Para la Corte, estas interceptaciones a las comunicaciones —especialmente a sus correos electrónicos— fueron ilegales, ya que se les tildaron como objetivos de inteligencia sin razón alguna.
 
Entre las declaraciones que Tabares le dio a la Corte se habló sobre la preocupación de Moreno por la supuesta infiltración de la mafia en la Corte Suprema, esencialmente la cercanía de personajes como el italiano Giorgio Sale —enlace del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso— y el polémico empresario Ascencio Reyes, investigado en su momento por lavado de activos y quien compró una propiedad con José María Ortiz, alias Chepe, extraditado a EE.UU.
 
Esta situación derivó en el rastreo de cuentas de los magistrados —la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) entregó reportes—. En ese entonces la pelea entre Álvaro Uribe y los expresidentes de la Corte César Julio Valencia y Yesid Ramírez se hizo pública, especialmente por los procesos de la parapolítica. El punto de quiebre fue en septiembre de 2007, cuando la corporación llamó a indagatoria al exsenador Mario Uribe, primo del expresidente.
 
El DAS enfiló baterías contra la Corte y comenzó las pesquisas en enero de 2008. La operación se denominó Caso Paseo, debido a que Bernardo Moreno tuvo acceso a información que ponía en entredicho al magistrado Ramírez por, supuestamente, haber aceptado un homenaje —al que asistieron otros miembros de la Corte con sus esposas— financiado por Ascencio Reyes. El evento público se desarrolló en Neiva en el año 2006 y desde el Gobierno criticaban los presuntos nexos entre el empresario y el alto tribunal. Según el magistrado Castro, las acciones del DAS en esta situación fueron legales. Sin embargo, manifestó que lo ilegal fue la campaña de desprestigio que adelantó Moreno al filtrar información de las pesquisas de los juristas a los medios.
 
En abril de 2008, Mario Uribe fue arrestado. Por esos días el DAS adelantaba la Operación Escalera, el plan de infiltración en la Corte  liderado por la Mata Hari. La idea era escuchar las sesiones privadas de los magistrados. La Mata Hari logró grabar las sesiones y conseguir expedientes de la parapolítica. Asimismo, entregó más de 40 reportes y en sus declaraciones precisó que la exdirectora del DAS la felicitó, al punto que le dijeron que el “número uno” estaba muy contento con los resultados.
 
Para el magistrado Castro, el episodio del montaje contra la excongresista Yidis Medina —quien para esa época prendió su ventilador y relató cómo, supuestamente, vendió su voto para aprobar el proyecto de reelección presidencial— evidenció el trabajo coordinado que se dio entre el DAS y la Presidencia. Tanto así, que la Corte demostró que desde el organismo de inteligencia se pagó para repartir volantes que la vinculaban con el Eln.
 
Mientras Uribe negaba con vehemencia que durante su gobierno se ordenó filtrar a la Corte y perseguir a sus enemigos políticos, dos de sus principales fichas terminarán tras las rejas por este escándalo. La Corte ya sentó un precedente: en la Casa de Nariño conocieron las andanzas ilegales del DAS.