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La condenada guaca de las Farc

La Corte Suprema de Justicia, pese a confirmar las condenas proferidas contra 94 de los 147 milites involucrados con este famoso robo, acaba de aceptar varias demandas por supuestos errores en las sentencias.

Archivo El EspectadorAudiencia a militares por el robo de una guaca de las Farc.
En abril de 2003 había 147 militares adscritos a dos unidades de contraguerrilla –Demoledor-, comandada por el teniente Ilich Fernando Mojica Calderón, y Buitre, al mando del teniente Jorge Sanabria Acevedo. Las dos, adscritas el Batallón de Contraguerrillas No. 50 Batalla de Palonegro, adscrito, a su vez, a la Brigada Móvil No. 6 del Ejército–  se encontraron una guaca de las Farc con cerca de $40 mil millones en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá). 
 
Un millonario hallazgo que no les fue reportado a sus superiores. Los uniformados, en cambio, se gastaron la plata en rumba y alcohol. Excesos que los delataron. A las pocas semanas ya todo el país sabía de lo sucedido. El 19 de mayo de 2003 se iniciaron las investigaciones en su contra y el 8 de agosto de 2006 un juez militar los condenó por el delito de peculado por apropiación; sin embargo, en 2007, el Tribunal Superior Militar anuló el proceso en su contra. 
 
Tuvieron que pasar otros seis años para que hubiera una nueva condena. La misma fue confirmada, parcialmente, en julio del año pasado por el Tribunal Superior Militar, quien condenó a 94 de los 147 uniformados a penas de entre 52 y 48 meses de prisión. La Fiscalía Penal Militar, la Procuraduría y los defensores de algunos de los uniformados condenados apelaron el fallo y entonces el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en una reciente sentencia, conocida por El Espectador, dejó en firme parte de las mencionadas condenas. 
 
No obstante, el alto tribunal aceptó estudiar algunas de las demandas presentadas porque, en su criterio, los uniformados no cometieron ninguna actividad que pudiera considerarse ilegal y tipificarse como tal. En su sentencia, la Corte sostuvo que, respecto a estas demandas, se tiene que en ellas “los demandantes coinciden en señalar que la conducta desarrollada por los militares acusados en este asunto es atípica frente al delito de peculado por apropiación por el cual fueron condenados”. 
 
Y que pese a que en las mismas “no se satisfacen las exigencias de lógica y adecuada fundamentación, en todo caso la Corte estima necesario, dadas las particularidades del caso, y en atención a los fines de la casación, superar los defectos de las demandas con el propósito de pronunciarse de fondo en orden a establecer la eventual vulneración del principio de legalidad y, de contera, desarrollar la jurisprudencia, por lo que las admitirá”. Mejor dicho: la Corte debe decidir si lo cometido por los uniformados fue un peculado o no. Lo que nada tiene que ver con la, ya comprobada, responsabilidad de los militares en el mencionado hurto. 
 
Respecto al resto de argumentos de los demandantes, la Corte fue vehemente y dijo que “las conclusiones a las que arribaron los juzgadores de instancia en punto de la responsabilidad de los uniformados incriminados no son producto de su capricho, tampoco adolecen de soporte probatorio ni se ofrecen arbitrarias, infundadas o irracionales”. Todos los uniformados implicados en este caso gozan, de acuerdo con la Corte, de libertad condicional. Han pasado 12 años desde lo sucedido, ha habido hasta películas respecto al robo de la guaca de las Farc, y, sin embargo, el caso sigue sin cerrarse. 
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