En Estados Unidos y en Colombia

Condenado dos veces por el mismo delito

La Corte Suprema de Justicia tumba un fallo que violó el principio que prohíbe la doble incriminación.

La Constitución Política consagra el debido proceso para todas las personas investigadas. / IStock

 

Un hombre condenado en Estados Unidos a 75 meses de prisión por delitos de narcotráfico y que fue deportado a Colombia, donde fue capturado el 22 de enero de 2013 para que cumpliera una condena en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali lo declaró responsable de los mismos ilícitos que en el país del norte, emprendió una batalla judicial para tumbar la segunda pena.

El asunto parecía sencillo teniendo en cuenta que el artículo 29 de la Constitución política dice que toda persona tiene derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo delito, lo que no ocurrió en este caso. Además, la legislación penal colombiana contempla el principio de prohibición de doble incriminación y el respeto de la cosa juzgada como ejes del proceso penal, que obliga al juez a reconocer y acatar el pronunciamiento precedente y excluir cualquier nueva decisión sobre lo que ya ha sido objeto de juzgamiento (por los mismos hechos y contra la misma persona).

A lo largo de tres años, representado por un abogado, el procesado apeló la decisión del juzgado, pero, mediante sentencia del 31 de mayo de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali la confirmó, tras considerar que la hipótesis de la doble incriminación no logró ser probada por el afectado; razón por la cual acudió al recurso de casación (anulación) ente la Corte Suprema de Justicia, donde la demanda fue inadmitida.

La Corte se pronuncia

Entonces, procurando agotar todos los recursos legales, solicitó a este tribunal la revisión del expediente y fue ahí cuando la Sala Penal de la Corte Suprema asumió el caso y concluyó que la condena impuesta en Colombia era injustificada y se configuraba una causal de extinción de la acción penal tras demostrarse que el hombre condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali, el 30 de enero de 2012, es el mismo que fue privado de la libertad por cuenta del trámite de extradición activado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Para la Corte, pese a esa contundente prueba basada en el cotejo efectuado a los datos contenidos en la solicitud de extradición y en la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali, al condenado le fueron violadas las garantías fundamentales de cosa juzgada y prohibición de la doble incriminación. Cabe precisar, que el proceso en Colombia comenzó en noviembre de 2004 y la sentencia de primera instancia se dictó el 30 de enero de 2012, pero en ese interregno, en el que pasaron casi ocho años, hubo tiempo para que se ventilara de manera completa el trámite de extradición que culminó con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y la decisión de entrega por el Estado colombiano e, incluso, para que el hombre fuera procesado, condenado y cumpliera la pena que le fue impuesta por la justicia norteamericana el 8 de mayo de 2008.

La Corte, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, aclaró: “Cuando el Gobierno decide renunciar al juzgamiento de una persona reclamada en extradición se activa el principio de la prohibición de juzgar a un sujeto por los mismos hechos, el cual trae como consecuencia la imposibilidad de iniciar ante la jurisdicción colombiana procesos sobre los mismos hechos y en contra de las mismas personas. Ello, de forma posterior a la emisión de sentencia emitida en el extranjero y sin importar si esta es condenatoria o absolutoria”. En ese contexto, la Corte Suprema declararó extinguida la acción penal contra el afectado.