Condenados por 'chuzadas del DAS' presentaron su caso ante la CIDH

Tres exfuncionarios del organismo de seguridad aseguraron que recibieron presiones de la Fiscalía General para declarar en procesos penales. Solicitan medidas cautelares.

Arrchivo

La defensa de la exdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal; y de los capitanes (r) Jorge Lagos y Fernando Tabares (exdirectores de inteligencia y contrainteligencia, respectivamente) radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares por lo que consideran una presión por parte de la Fiscalía General de la Nación para que sigan declarando en procesos penales por el llamado escándalo de las "chuzadas". 

En la petición se manifiesta que los exfuncionarios, quienes aceptaron cargos tras la firma de un preacuerdo con el ente investigador, recibieron presiones por parte de funcionarios de la pasada administración de la Fiscalía para que continuarán con sus declaraciones en otros procesos penales. De no hacerlo, señala la demanda, se les revocaría la libertad.  

Citan que a principios del 2016 los tres exfuncionarios fueron "coaccionados y presionados indebidamente para que estos se incriminaran y sirvieran como testigos en otros procesos judiciales, a cambio de no perder nuevamente su libertad, con ello la Fiscalía buscó violar el principio de non bis in ídem, tratando de condenar por los mismos hechos y delitos a, Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares".

Agrega que con estas presiones a los exfuncionarios se les vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia, honra y dignidad puesto que recibieron presiones para que aceptaran cargos y se conviriteran de paso en testigos de cargo de la Fiscalía General en los otros procesos, "teniendo la convicción de ser inocentes y no haber participado en ninguna actividad delictiva o ilícita". 

Por estos piden medidas cautelares ante el organismo internacional puesto que "lo narrado y probado en las denuncias" ponen en riesgo al vida, integridad personal y libertad de los tres procesados que en 2010, aceptaron su participación en los hechos que rodearon los seguimientos e interceptaciones a un grupo de personas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Por estos hechos fueron condenados penas de ocho años de prisión. La declaración de estos funcionarios fue fundamental en el proceso que se adelantó en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado (condenada a 14 años) y el exsecretario privado de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno.