Condenados por la yidispolítica

Los exministros Sabas Pretelt, Diego Palacio y el exsecretario Alberto Velásquez fueron sentenciados por la Corte Suprema de Justicia.

Los exministros Sabas Pretelt, Diego Palacio y el exsecreta / El Espectador

Siete años después de que la excongresista Yidis Medina Padilla fuera condenada por recibir dádivas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para votar favorablemente el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata en 2004, tres alfiles del uribismo que le entregaron esas prebendas a ella y al exrepresentante Teodolindo Avendaño, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exsecretario Alberto Velásquez Echeverri, quienes por disposición del alto tribunal deberán purgar su pena en centros carcelarios.

En el caso de los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, la Corte los condenó a 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 112 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. El exsecretario Alberto Velásquez Echeverry fue sentenciado a 60 meses de prisión, multa de 83 salarios mínimos y a una inhabilidad de 84 meses. La sentencia se dio 11 años después de ocurridos los hechos y con ésta se cierra uno de los más controvertidos capítulos judiciales de la historia reciente del país, como quiera que significó la prolongación en el poder del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La Corte Suprema concluyó que los tres exfuncionarios del gobierno Uribe actuaron mancomunadamente para garantizar la aprobación del trámite legislativo en el Congreso, haciéndoles ofrecimientos de cargos a los entonces parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, con lo cual incurrieron en el delito de cohecho por dar u ofrecer. Una sentencia en la que se dio plena credibilidad a las confesiones de Medina, en el sentido de que fue el presidente de la República de la época, Álvaro Uribe, quien le hizo directamente los ofrecimientos burocráticos, precisándole que daría las órdenes correspondientes para cumplir lo prometido.

Precisamente, la Corte resaltó que las conductas de los dos exministros y el exsecretario Velásquez fueron de suma gravedad porque su finalidad no fue otra que incidir en el ejercicio de las funciones constitucionales que corresponden a la Rama Legislativa, interfiriendo en la competencia de los congresistas que fueron elegidos como representantes de la sociedad para que sirvieran al bien común y no a la satisfacción de intereses personales, muy lejos de las buenas prácticas de la política. En otras palabras, que sus métodos para conseguir los votos para que no se hundiera la reelección presidencial fueron ilegales.

Ese ilícito actuar de los tres alfiles del uribismo resultó definitivo no sólo para cambiar el rumbo de la política sino de los destinos del país, sostuvo el alto tribunal. Según el fallo, sin esas interferencias y métodos protervos, utilizados por Pretelt, Palacio y Velásquez durante el trámite legislativo de la reelección presidencial, hoy sería otra la situación de la institucionalidad en Colombia, seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes. La sentencia es clara y contundente: estos tres altos exfuncionarios acudieron a prácticas corruptas frente a dos congresistas provincianos, de nivel académico muy básico, pobre estructura intelectual y vasta ambición de reconocimiento.

Por esta última circunstancia, la Corte Suprema observó que conductas de tamaña gravedad como las realizadas por los exministros Pretelt y Palacio y el exsecretario Velásquez, no podían verse retribuidas con el beneficio de la prisión domiciliaria. Resultaría intolerable ante la sociedad, resaltó el fallo, pues la ciudadanía no podría entender cómo personajes de tan alto nivel cultural y social, que demostraron un rango ético y moral muy por debajo de lo que de ellos se esperaba, puedan terminar en su domicilio. El mensaje a la sociedad se reduciría a que la importancia de los cargos serviría de excusa para obtener impunidad, fue la tesis esgrimida.

La Corte explicó en su voluminosa sentencia que si bien el delito reprochado a los exfuncionarios de Uribe tiene una pena mínima objetivamente baja en el Código Penal, debe entenderse que se trató, ni más ni menos, que “del Estado sobornando al propio Estado” para el logro de un cambio constitucional que indudablemente afectó el desarrollo institucional del país y el de todos los colombianos. Por esa razón, sumada a la desconfianza, falta de credibilidad y desobediencia que puede prevalecer entre los ciudadanos constatar el mal ejemplo de sus gobernantes, se negó la detención domiciliaria para los condenados, se libraron las órdenes de captura correspondientes y se pidió al Inpec mantenerlos bajo su custodia.

La génesis de la yidispolítica

Los hechos que desataron el escándalo de la yidispolítica ocurrieron en 2004. En ese momento la Comisión Primera de la Cámara de Representantes discutía el proyecto de acto legislativo que autorizaba la reelección presidencial inmediata. El primero de junio de ese año, durante un encuentro en la casa de la congresista Clara Pinillos, se reunieron los representantes de esa célula legislativa que estaban en desacuerdo con la reforma constitucional promovida por el gobierno Uribe. En total sumaban 18 votos por el no, lo que garantizaba el hundimiento de la propuesta. Yidis Medina y Teodolindo Avendaño se alinearon por el no. Desde ese momento empezó el trabajo de Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez para lograr su cometido.

Al día siguiente, desde tempranas horas, varios funcionarios de la Casa de Nariño empezaron a buscar los votos necesarios para salvar la propuesta. Hacia el mediodía, en la oficina 512 del Congreso, el entonces ministro del Interior Sabas Pretelt logró hablar con Yidis Medina, a quien le hizo ofrecimientos burocráticos a cambio de su voto favorable. Luego se desplazaron con ella a la Presidencia y, en privado, la congresista santandereana sostuvo una conversación con Álvaro Uribe. El presidente le reiteró que necesitaba de su ayuda, le ofreció burocracia y le aseguró que el secretario Alberto Velásquez se encargaría de vigilar el cumplimiento de estas dádivas.

Con el paso de las horas, apareció el ministro de Protección Social Diego Palacio diciendo que también iba a garantizar que los ofrecimientos del gobierno a Yidis Medina se cumplirían. En concreto el gobierno le propuso la designación del amigo de Medina, Carlos Correa Mosquera, en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, cargo del que tomó posesión el 23 de junio de 2004. También la designación de César Guzmán –otro cercano amigo de Yidis– en la Dirección de Infraestructura Carcelaria del ministerio del Interior. Aún más, ese 2 de junio de 2004 Alberto Velásquez, complaciendo la petición de la congresista, hizo que le prorrogaran el contrato de prestación de servicios al médico Luis Eduardo Esquivel en la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán. Y en la Notaría Segunda de Barrancabermeja fue designada tiempo después como notaria Sandra Domínguez, recomendada de Yidis Medina.

El gobierno se movió con todo su poder burocrático para aprobar sí o sí la reelección presidencial en el Congreso. El ministro Diego Palacio, por ejemplo, ese 2 de junio de 2004 se reunió en la oficina 415B con el representante Teodolindo Avendaño, a quien le prometió entregarle la Notaría 67 de Bogotá –por la que le pagaron después $450 millones a través de un pagaré– y un contrato en el ministerio de Protección Social para Vania Constanza Castro, esposa del hijo del parlamentario. El 3 de junio de ese año, en un candente debate en la Comisión Primera, Medina súbitamente cambió de posición y anunció que votaría favorablemente el cuestionado proyecto asegurando que el presidente Uribe se había comprometido a gestionar mayores recursos para el Magdalena Medio. Por su parte, Teodolindo Avendaño desapareció del recinto sin que nadie lo advirtiera y en la madrugada del 4 de junio la votación quedó 18 votos por el sí y 16 por el no.

Agónicamente el acto legislativo que parecía hundido se salvó. A pesar de la gravedad de los hechos constatados hoy por la Corte Suprema de Justicia, en ese momento (2004) estos no fueron considerados de la misma forma. Aunque la Procuraduría formuló reparos por lo sucedido tras la denuncia del representante del Polo, Germán Navas, e incluso en julio de 2005 le pidió a la Corte Constitucional que no aprobara ese acto legislativo que autorizó la reelección presidencial, meses después ese alto tribunal le dio su bendición a la reforma y el entonces presidente Uribe quedó de súbito habilitado como candidato. En mayo de 2006 el primer mandatario siguió de largo en la Casa de Nariño al obtener 7,4 millones de votos. Tuvieron que pasar dos años más para que la yidispolítica se transformara en un proceso penal.

El 30 de marzo de 2008, en una entrevista con El Espectador, la excongresista Yidis Medina se destapó y contó de qué manera los exministros Pretelt y Palacio y el exsecretario Velásquez la habían convencido en 2004 para que volteara su voto. Una semana después de estas revelaciones, el periodista Daniel Coronell manifestó en su columna de la revista Semana que tenía en su poder un video grabado ese mismo 2004, en el que Medina expresaba su temor por las amenazas que estaba recibiendo al exigirle al gobierno, ya reelegido, que le cumpliera con lo que le había prometido. En esencia le reveló cómo y por qué vendió su voto. El video desató una controversia nacional que fue creciendo a pasos agigantados. El país se polarizó.

El 10 de abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso contra Yidis Medina, quien confesó casi de inmediato. El 26 de junio de ese mismo año fue condenada a 47 meses de prisión por el delito de cohecho propio y en ese fallo el alto tribunal se fue lanza en ristre contra el gobierno Uribe al sostener que el apoyo de Medina a la reelección “no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió”. Una afirmación que provocó la cólera del presidente Uribe, quien sostuvo, en referencia a la Corte, que había unos magistrados nostálgicos del terrorismo agónico. Esa misma noche convocó a un referendo para refrendar su mandato.

La propuesta se diluyó pronto, pero la Corte Suprema ya había ordenado que se investigara al exministro Sabas Pretelt, al entonces ministro Diego Palacio, al exsecretario Alberto Velásquez y a su sucesor Bernardo Moreno, al tiempo que envió el expediente a la Comisión de Acusación del Congreso para que evaluara la responsabilidad de Álvaro Uribe en este caso. Mientras se atizaba la confrontación entre la Corte Suprema y el gobierno Uribe y, en la trasescena, agentes del DAS espiaban a sus anchas a los magistrados –en otro escándalo que habría de estallar en febrero de 2009– empezó a pasar el tiempo.

Todos los salpicados del gobierno Uribe en la sentencia contra Yidis Medina se declararon inocentes, la acusaron de chantajista y de “mentirosa redomada”, aseguraron que sólo pretendía hacerle daño al gobierno y que no había prueba alguna que los vinculara con una supuesta compra de su voto como congresista. El presidente Uribe, en declaración ante la Comisión de Acusación del Congreso, sostuvo que su administración no le había dado prebendas a Medina sino participación política en Santander. Una exótica afirmación que agitó la polémica. En cuanto a la Fiscalía, luego de un laberinto jurídico lleno de recusaciones, apelaciones y nulidades, por fin acusó en marzo del año 2012 a Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez.

Tres años más se tomó la Corte Suprema de Justicia para llegar a la misma conclusión a la que arribó en junio de 2008: la entonces representante a la Cámara, Yidis Medina, que apenas duró tres meses en el Congreso como reemplazo de Iván Díaz Mateus, vendió su voto y el gobierno Uribe se lo compró. Una transacción que de igual manera aconteció con el congresista del Valle del Cauca Teodolindo Avendaño, sentenciado por la justicia por estos mismos hechos. En su caso, no hubo siquiera necesidad de voltear su voto. Tan solo su súbita ausencia esa madrugada del 4 de junio de 2004 fue suficiente para que el gobierno de Álvaro Uribe impusiera sus mayorías. Lo hizo a cambio de la Notaría 67 de la capital.

En conclusión, para la Corte Suprema de Justicia no hay duda alguna de que tres altos exfuncionarios del gobierno Uribe, a través de prebendas burocráticas, compraron las conciencias de dos parlamentarios para aprobar como fuera la reelección presidencial. En esa empresa colaboró el parlamentario Iván Díaz Mateus –también condenado–, titular de la curul que tomó Yidis Medina durante tres meses. La versión de Medina ante la justicia resultó creíble. En declaración del 21 de agosto de 2008, cuando apenas empezaban a sentirse los primeros coletazos del escándalo, Yidis Medina relató: “Una vez en Palacio el presidente (Uribe) me dijo que me quería hablar a solas. Me dijo que él quería reelegirse y que estaba en manos mías que el proyecto pasara (…) Me dijo: ‘Hija querida, necesito tu ayuda para que sigamos haciendo patria’”.

Por eso la Corte no dudó en señalar, tal como lo hizo en 2008 en la condena de Yidis Medina, que su cambio de posición al apoyar el proyecto de reelección presidencial no estuvo guiado por ningún fin noble del “buen arte de hacer política”, sino por los ofrecimientos que durante el 2 de junio de 2004 recibió del presidente Álvaro Uribe y sus más cercanos alfiles del gobierno. Según la Corte, todos estos intríngulis de altos funcionarios de la administración Uribe lo único que pretendían era ocultar sus vueltas con Yidis y Teodolindo al tiempo que garantizaban que el acto legislativo con aquel “articulito” que cambió al país fuera aprobado como fuera en el Congreso. El alto tribunal lo resumió así: un soborno del Estado al mismo Estado para modificar la Carta Política.

Hace apenas una semana, en desarrollo de un debate en el Congreso, el hoy senador Álvaro Uribe afirmó con vehemencia: “El país necesita más estabilidad constitucional y más conciencia política de que la Constitución no se puede tocar para dirimir pleitos políticos”. Una frase que, de haberse aplicado al caso de la yidispolítica, le habría evitado al país muchos dolores de cabeza.


jlaverde@elespectador.com