Condenan a 22 años de prisión a exgerente de la "pirámide" DRFE en Risaralda

Un despacho judicial de Ibagué ordenó la captura inmediata de Margarita Mélida Tovar Velasco.

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Hace exactamente 10 años las conocidas “pirámides” empezaron a desplomarse en todo el país. Una de las más conocidas DRFE, cayó estrepitosamente tras la intervención de las autoridades, dejando cerca de 390 mil víctimas en los departamentos de Risaralda y Popayán, principalmente.

Sus clientes vieron como las promesas para aumentar su patrimonio y multiplicar sus ingresos quedaban en el aire. La captadora cerró todas sus sedes y de la noche a la mañana todas las personas que le habían dado su confianza lo perdieron todo. Protestas, enfrentamientos, dudas fueron el pan de cada día.

Tras su caída, Margarita Mélida Tovar Velasco, su gerente en el departamento de Risaralda, fue capturada el 11 de noviembre de 2008. En ese momento les ofreció a las autoridades más de 1.000 millones de pesos para que la dejarán en libertad.

Las autoridades le hallaron al momento de su aprehensión 4.130 millones de pesos que transportaba en cinco cajas, producto de la captación con DRFE, cuando salía de un conjunto residencial en Dosquebradas (Risaralda). En 2009 fue sentenciada a 24 meses de prisión por el delito de cohecho.

Después de quedar en libertad la mujer desapareció de un momento a otro sin dar explicaciones a los angustiados “inversionistas” que no sabían que iba a pasar con el dinero que le entregaron a la captadora, la cual prometía “ganar el 100%” de su inversión”.

Este viernes, el juzgado segundo penal del circuito especializado de Ibagué (Tolima) la condenó a 22 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de lavado de activos agravado, captación masiva y habitual de dinero sin autorización legal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

El juzgado ordenó su captura inmediata para que pague la sentencia, una de las más altas por este tipo de hechos. Tovar Velasco deberá pagar además una multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales serán utilizados para reparar a las 390 mil víctimas.

En el fallo se primera instancia se le impuso además la inhabilidad de la condenada para ejercer funciones públicas por 20 años y niega cualquier beneficio en la ejecución de la pena.