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En fallo de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín condenó a 10 años de prisión al empresario de palma, Antonio Nel Zuñiga Caballero por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado –por sus vínculos con grupos paramilitares- desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica en la región del Bajo Atrato Chocoano.
Tras resolver un recurso de apelación, la Sala Penal consideró que existían suficientes pruebas para sentenciar al empresario, socio de la empresa Urapalma S.A. En la decisión judicial se determinó que el procesado tenía vínculos directos con los grupos paramilitares, prueba de ello es que la citada empresa era propiedad del máximo jefe paramilitar Vicente Castaño.
El Tribunal advirtió las graves consecuencias de las acciones ejecutadas por el empresario que llevaron al despojo de tierras y desplazamiento de familias campesinas en el desarrollo del plan agroindustrial de cultivo de palma de aceite africana y ganaderia extensiva en reservas forestales en el Bajo Atrato. Este plan se hizo en asocio de los paramilitares con empresarios de la región.
"La multiplicidad de víctimas generados por los desplazamientos, el despojo de tierras y bienes promovido por la ilegales asociación conformada por estructuras paramilitares que actuaron en connivencia con empresarios de palma como el acusado, cuya estela de violencia evidencia el daño real irrogado a esas comunidades, a su tejido social y el menoscabo de la institucionalidad y la democracia en las regiones afectadas por el fenómeno analizado en ese proveído", precisa la decisión judicial.
El fallo revocó la decisión emitida el 31 de marzo de 2014 por el juzgado especializado de Medellín que absolvió al empresario por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Para el Tribunal el proyecto empresarial de los paramiltiares contó con una colaboración especial de Zuñiga Caballero en la región de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.