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Condenan a 10 años de prisión al 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda

El “pirata informático” firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptaba su responsabilidad en cinco delitos, así como colaborar con las autoridades en las investigaciones por la obtención de información privilegiada del proceso de paz.

Redacción Judicial
10 de abril de 2015 - 08:50 p. m.
Cristian Garavito - El Espectador  / Cristian Garavito - El Espectador
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La jueza 22 de conocimiento condenó a 10 años de prisión al ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila por su responsabilidad en la obtención y publicación ilegal de información reservada sobre los negociadores de las Farc en el proceso de paz que se adelanta entre ese grupo guerrillero y el Gobierno en La Habana (Cuba).

La decisión se dio después de avalar el preacuerdo firmado por el “pirata informático” y la Fiscalía General, en el cual aceptó su responsabilidad en los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, espionaje, concierto para delinquir y violación da datos personales. Igualmente se comprometió a colaborar con las autoridades en las investigaciones por la obtención y publicación de datos de los negociadores.

En sus declaraciones ante las autoridades ha vinculado al actual presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, así como a su hijo David Zuluaga Martínez, quien fungía como gerente de la campaña presidencial para las elecciones de 2014. Igualmente vinculó al senador Álvaro Uribe Vélez de conocer todas las actividades ilegales que se hacían desde su oficina en el norte de la capital de la República. (Ver Hacker Andrés Sepúlveda: "lo hice con plena convicción")

Según el ‘hacker’, miembros de dicha campaña presidencial y del partido político le entregaron sumas de dinero para que iniciara estrategias dirigidas a atacar la imagen tanto del proceso de paz como del candidato-presidente Juan Manuel Santos. Para esto incluso utilizó un software que le entregó la Policía Nacional con el fin de crear un ataque sistemático en las redes sociales y en los foros de los medios de comunicación. (Ver Senador Álvaro Uribe negó haber tenido nexos con el 'hacker' Sepúlveda)

Además de la publicación de datos reservados sobre los comandantes guerrilleros con la finalidad de atacar los acuerdos firmados en La Habana. En su declaración, Sepúlveda Ardila aseguró que recibió en diferentes oportunidades en su oficina a Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña, Luis Alfonso Hoyos quienes daban órdenes sobre las estrategias que se debían implementar en las elecciones y conocer un informe sobre las acciones dirigidas a dañar la imagen de contrincante.

Sepúlveda Ardila recopiló información privilegiada sobre la campaña del entonces precandidato presidencial Francisco Santos, para lo cual se interceptaron sus correos electrónicos y los de su secretaria privada. Prueba de estos son los documentos que reposan en las computadoras personales incautadas en la oficina de Sepúlveda y en su casa.

Para tener acceso a documentos privilegiados sobre la campaña que estaba preparando Santos, se instaló un virus espía que le permitió infiltrar sus corros personales. La información consignada también fue hallada en los computadores de Sepúlveda Ardila que se encuentra en poder de los investigadores del CTI de la Fiscalía General.

En contra del ‘hacker’ existen declaraciones de sus antiguos empleados, Daniel Bajaña Barragán y Rafael Revert quienes aseguraron que desde esa oficina se hicieron actividades ilegales en contra de los negociadores de paz, entre los que se encuentran el jefe de comunicaciones de las Farc en La Habana, alias ‘Boris’.

Para la jueza de conocimiento, con esta actividad se puso en riesgo la seguridad nacional. Además se presenta el agravante que la información que tenía el rotulo de secreta y ultrasecreta, obtenida de manera ilegal de las agencias de inteligencia del Estado. “Se creó una empresa al margen de la ley, el procesado convirtió una actividad delictiva como su negocio, poniendo en riesgo la sociedad”.

Andrés Fernando Sepúlveda Ardila seguirá, por motivos de seguridad en un calabozo del búnker Fiscalía General mientras el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) defina el centro de reclusión al que debe ser trasladado para que cumpla su pena.

Por Redacción Judicial

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