El juez cuarto de conocimiento condenó a cuatro años y un mes de prisión a la exasesora comercial de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A., Clemencia Soto Uribe por su responsabilidad en los hechos que rodearon las actividades ilegales en el aumento del precio de la acción de la empresa Fabricato S.A.
El juez tuvo en cuenta que en la audiencia de imputación de cargos la procesada aceptó su responsabilidad en los delitos de manipulación fraudulenta de especie, concierto para delinquir, estafa y administración desleal de dinero lo que le valió una rebaja del 40% de la pena principal por su responsabilidad en el descalabro bursátil.
Sin embargo en su decisión, el funcionario judicial reprochó el hecho que la procesada tenía claro conocimiento que el dinero que le pedía sus clientes invertir pequeñas y medianas cantidades de dinero a la considerada mayor comisionista de bolsa del país eran utilizadas para otras actividades con un tinte delictivo.
En este sentido reprochó que tras la intervención del Gobierno en diciembre de 2012 estas personas perdieron sus inversiones. “Con su actividad afectó el mercado bursátil”, teniendo en cuenta que se manipuló el precio de la acción para beneficiar a un grupo de accionistas e inversores, entre los que se encontraba el Grupo Corrodori.
“Tenía conocimiento de las actividades ilegales que se estaban adelantando en InterBolsa”, aseguró el juez quien aseguró que fue cómplice de las actividades que llevaron al descalabro bursátil a la comisionista. Con su actuar afectó patrimonialmente a sus clientes quienes perdieron el dinero que le entregaron, así como al Estado.
“Se presentó un impacto social puesto que debido a la gravedad y a la naturaleza de este tipo de acciones las personas perdieron la fe en el mercado bursátil e inversionista”, señaló el funcionario judicial al hacer énfasis en que las personas van a temer para invertir su dinero lo que afecta a la Nación.
La defensa de la procesada, el representante de víctimas y el procurador del caso presentaron recurso de apelación en contra de esta decisión. Los mismos serán estudiados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.