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“Mario (uniformado de inteligencia militar del Ejército) me había dicho cómo habían organizado todo para matarlo y el plan era: primero que todo sacarlo, irnos hacia Ibagué y que cuando Mario me dijera que parara para orinar en la Virgen de Martínez, yo paraba. Me dijo que nos bajábamos y que no me fuera a ir para detrás del carro si no que me saliera para delante, que ahí estaban las otras personas, que ahí lo mataban, que ahí era la vuelta”. Este es el testimonio clave en el caso del ciudadano Marco Fidel Ángel, quien fue asesinado por miembros del Ejército el 22 de diciembre de 2007.
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“Falso positivo”. Ejecutado extrajudicialmente. Víctima del Ejército. Son palabras que quedaron marcadas en la familia de Marco Fidel Ángel que, luego de 13 años, obtuvo una decisión a su favor por la justicia pues el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, representada en el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, por la muerte de un padre y esposo de quien dijeron era un “guerrillero” del municipio de Rovira (Tolima). Se trata de uno de los 2.248 expedientes de esa naturaleza registrados por la Fiscalía en un informe para la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El testimonio clave tiene nombre y apellido: Edward Laín Bermúdez, un exguerrillero desmovilizado, quien aceptó su responsabilidad, en 2014, dentro del proceso penal que se adelanta por el caso de Marco Fidel Ángel. Bermúdez asegura que fue contactado por agentes de la Regional de Inteligencia Militar del Ejercito (RIME), quienes para la época de los hechos lo habrían obligado a trabajar con ellos, pues le decían que le tenían adelantada una orden de captura. “Tomaba coordenadas de los campamentos y se los pasaba (…) ellos me pasaban bonificaciones mensuales por eso”, testificó el 10 de abril de 2014.
Edward Laín Bermúdez contó que dos militares de la RIME, quienes responden a los nombres de Mario y Felipe respectivamente, lo buscaron en 2007 para “sacar un man en Rovira (Tolima)”. Le dijeron que se trataba de alias Gato y que era miembro de las Farc desde 2005. De hecho, el mismo Bermúdez afirmó que Marco Fidel Ángel, un campesino, era supuestamente un miliciano sin sustento alguno. Incluso, la víctima conoció a Mario y Felipe dos semanas antes del crimen, pues el testigo clave los presentó en una tienda frente a una cancha de fútbol, en el municipio de Rovira.
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Los soldados de la RIME le habrían explicado a Bermúdez, la noche de la ejecución, que tenían orquestado todo un plan: el exguerrillero debía conducir a Marco Fidel Ángel, en compañía de los soldados Mario y Felipe, a la Virgen de Martínez, la cual queda ubicada en la vía que de Rovira conduce a Ibagué. “Mario me dice que parara a orinar. En ese momento nos bajamos y yo hecho para delante el carro. Felipe se baja, luego el Gato se baja y yo no alcanzo a llegar al bomper del carro cuando sonaron los tiros y vi que salieron del monte o de la maraña los del Ejército (…) nos devolvimos para Rovira a una cantina a tomar”, testificó Edward Laín Bermúdez.
Tres días después, Gilma Torres Varón, esposa de Marco Fidel Ángel, se enteró que miembros del Ejército habían acabado con la vida de su compañero sentimental e, incluso, tuvo que recoger el cuerpo en el cementerio San Bonifacio de Ibagué, el cual fue sepultado como NN. ¿Y cómo obtuvo esa información? El Batallón de Infantería N°18 “Coronel Jaime Rooke”, en el informe de patrullaje del 23 de diciembre de 2007, que corresponde a la orden de operaciones “Domino”, explicó que el día de los hechos hubo un enfrentamiento con terroristas del sector, en el cual resultó abatida una persona que portaba un revolver calibre 38 y un morral guerrillero, y que murió cerca de la Virgen de Martínez.
Los hechos eran falsos. Aún así, el capitán Wilson Granada Díaz, quien escribió el informe, describió que en el supuesto operativo participaron un total de 19 soldados, entre ellos un oficial: “sorprendieron a un individuo a quien al momento de darle a conocer la consigna de que eran miembros del Ejército, este les disparó e inmediatamente el persona que se encontraba punteando respondió disparando sus armas de dotación (…) se le halló un revolver marca Smith calibre 38 especial, 2 frascos plásticos con gasolina y un maletín tipo campaña en lona, proveedor para fusil, chapuza para revolver, uniforme de la policía nacional talla L”.
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Tras evaluar el expediente, cuya demanda por parte de la familia de la víctima se presentó el 17 de noviembre de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué decidió otorgarle la mayor credibilidad al testimonio del exguerrillero Edward Laín Bermúdez, quien entregó su versión y aceptó su responsabilidad con el objetivo de obtener beneficios en la justicia penal. Incluso, el despacho judicial explicó que la orden de operaciones “Domino”, en la cual el Batallón de Infantería N°18 describió oficialmente su versión, nunca llegó como prueba a las manos del juez que tomó la decisión final.
“No cabe duda que los señalamientos efectuados por el testo Edwar Laín Bermúdez frente a la forma en que se planeó la muerte de Marco Fidel Ángel son veraces (…) pues finalmente el único que resultó muerto fue, alias el Gato, a quien le dieron muerte al haber sido señalado como miembro de las milicias urbanas de Rovira por el señor Edwar Laín. Sin embargo, no está probado que al momento de su fallecimiento Marco Fidel hubiese estado realizando actividades como miembro de grupos al margen de la Ley, sino que por el contrario fue sorprendido con la muerte sin que tuviera oportunidad de defenderse”, consideró el Juzgado Quinto de Ibagué.
De acuerdo con el juez, la acción del Ejército fue toda una puesta en escena para mostrar resultados positivos con la ejecución extrajudicial de Marco Fidel Ángel. Así mismo, citó el Informe de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 31 de marzo de 2009, en el cual se explica que los hechos de “falsos positivos” se dieron porque “las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del número de bajas” y, además, existía un “sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros”.
Durante el proceso, la defensa de la Nación, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa se defendió asegurando que Marco Fidel Ángel era un miliciano y que las actuaciones de los militares están protegidas por el mandato constitucional que obliga a preservar el orden público y la soberanía. “No todos los daños que sufran las personas se puede atribuir automáticamente el Estado, más aún cuando no se tiene certeza de las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se dieron los hechos”, explicó.
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Al final, el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué consideró que el homicidio injustificado de Marco Fidel Ángel fue una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, de un grupo de personas que se desviaron del servicio que les fue encomendado. Se ordenó una reparación económica por perjuicios morales, atendiendo una perdida en condiciones “injustificables”. Así mismo, la señora Gilma Torres Varón y la hija de la víctima recibirán atención médica y psicológica tras la decisión. Por último, si así lo desean los familiares, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo deberá presidir un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en nombre de su despacho y de las Fuerza Militares.