El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 227 mil millones de pesos por los hechos que rodearon el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana el 26 de septiembre de 1997.
El tribunal de lo contenciosos administrativo ordenó el pago a dos mil personas que resultaron afectadas por el derrumbe de un millón 200 mil toneladas de basura.
En la decisión se determina que dicho derrumbe cubrió dos colinas, 15 hectáreas de terreno y el bloqueo y contaminación del río Tunjuelo, ocasionando afectaciones respiratorias, infecciones en la piel, alergias, diarrea y vómito a los habitantes de las zonas aledañas.
Ante esto se avisa que esta tragedia ocurrió por la fallas de control y revisión del Distrito, pese a que ya existían advertencias sobre el riesgo que se presentaba en dicha zona, por lo que se cometieron serias omisiones.
“Encontró probado que hubo una falla en el servicio, debido a que el carácter experimental del sistema bajo el cual se operaba el relleno, requería una mayor atención por parte del operador y una estricta supervisión de la administración distrital”, indica uno de los apartes de la sentencia.
Igualmente en la decisión emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado, Enrique Gil Botero, se establece que la “catástrofe ambiental” fue causada por la gran cantidad de residuos tóxicos y orgánicos que se encontraban en el relleno sanitario.
“La clase de residuos tóxicos que quedaron expuestos: orgánicos (sangre, tejidos de piel y órganos); químicos (material radioactivo y medicamentos) e industriales (generados por curtiembres, plomo, mercurio, etc)”, precisa la sentencia señalando que esto afectó os derechos constitucionales a la intimidad familiar, la recreación y libre utilización del tiempo libre.
Las fallas en el relleno
En el fallo se indica además que se evidenció que durante la operación del relleno sanitario se presentaron diferentes irregularidades que coadyuvaron a la generación del desastre y agravaron las consecuencias ambientales del mismo.
“La alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose el derecho a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre, pues las opciones mientras duró la fetidez en el olor eran las de evitar salir de las casas o buscar lugares apartados al lugar de residencia”, señala uno de los apartes de la decisión judicial.
Ante esto se ordena que en un plazo de 10 días el Distrito entregue el monto establecido en la indemnización al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, organismo que se encargará de pagarle a los afectados que acrediten tal condición.
“Además el Distrito deberá adoptar un reglamento técnico que garantice un manejo seguro de los rellenos sanitarios, aplicando para ello los avances que la ciencia ofrece en la actualidad”, precisa uno de los apartes de la decisión, manifestando las medidas de justicia restaurativa.
El magistrado Gil Botero señaló que en estos momentos sigue apareciendo como uno de los apoderados de la acción de grupo el acutal secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, quien afronta por este hecho una investigación disciplinaria en la Procuraduría General por presuntamente haber violado el regimen de inhabilidades,