Condenan al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz por 'carrusel de la contratación'

El exmandatario departamental aceptó su responsabilidad en el pago de sobornos para recibir un millonario contrato vial.

El juzgado 44 de conocimiento de Bogotá avaló el allanamiento a cargos hecho por el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su responsabilidad en los hechos que rodearon la entrega de un soborno para que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) le otorgará a la empresa que representaba un millonario contrato de reparcheo de las vías de la capital de la República.

Con esta decisión el juez condenó al exgobernador por su responsabilidad en el pago de 800 millones de pesos para que la empresa ICM Ingenieros, en la que fungía como representante legal recibiera el convenio administrativo. El monto de la condena se conocerá el próximo 24 de noviembre, en dicha diligencia se conocerá el lugar donde deberá cumplir la pena.

"Violó los principios de transparencia, selección objetiva, los básicos de moralidad pública en el marco de los escándalos de corrupción más grandes del país como en denominado escándalo carrusel de la contratación en Bogotá", precisó el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena. 

Según la investigación el ingeniero entregó dinero a concejales e intermediarios para que beneficiaran sus intereses para recibir el millonario contrato. Con este acutar, sostente la Fiscalía, incurrió en una flagrante violación al sistema de contratación distrital. 

El exmandatario departamental, quien fue capturado el 2 de octubre de 2005, aceptó su participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza imputados por la Fiscalía General. Cruz Vargas se comprometió a reparar a las víctimas reconocidas en el proceso penal para recibir una rebaja en la pena.

La noticia fue sorpresiva puesto que el exmandatario estaba adelantando una negociación con la Fiscalía General para firmar un preacuerdo. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que Cruz Vargas estaba moviendo influencias para que su investigación fuera archivada o congelada.

Para el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema el entonces Gobernador pagó una alta suma de dinero con el fin que un procurador amigo influenciara al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. (Ver )

Este hecho de corrupción obligó a que la Fiscalía General cancelara cualquier tipo de negociaciones con Cruz. El ente acusador señaló en su momento que el exgoberndor junto a su esposa, Zoraida Rozo (condenada a dos años de prisión) buscaron ocultar además pruebas. 

El proceso

Entre el 2 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2010 el ingeniero Álvaro Cruz Vargas entregó 800 millones de pesos para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República.

Estos sobornos tenían como destino a Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) quien en últimas era el encargado de firmar el contrato en el cual Cruz Vargas tenía un gran interés para que le fuera adjudicado a la firma ICM Ingenieros en la que fungía como representante legal.

Con el pago de esta suma de dinero buscó sacar un provecho propio puesto que Hernández Daza –ya condenado por el ‘carrusel de la contratación’- le entregó información privilegiada para que su propuesta fuera seleccionada. “Lo hizo de manera dolosa e intencional”.

Otra parte del dinero fue dirigida a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz –todos condenados por el ‘carrusel’- para que no realizarán el control político de dicho contrato vial.

“Con este comportamiento doloso se lesionó a la administración pública, los principios de imparcialidad, publicidad y moralidad de la contratación pública”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena al manifestar que tenía la capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta.

Cruz Vargas sabía que estaba incurriendo en una actitud ilícita y abiertamente contraria al derecho. Para lograr un beneficio propio se ejecutó una división de trabajo criminal cuyo único objetivo era lograr beneficiarse de este multimillonario contrato vial.