Condenan al hombre que mató a una abogada por 2.000 hectáreas

Jacqueline Amaya recibió dos tiros por la espalda en 2014, mientras inspeccionaba tierras de su familia en el páramo de El Verjón. Su asesino, Óscar Sabogal, quien también quería ese terreno, fue sentenciado a 35 años de prisión.

Jacqueline Amaya vivía en Italia pero regresó a Colombia a ayudarle a su padre con los terrenos hoy en disputa. / Archivo familiar.

María Fernanda Amaya solía preguntarle a su hermana Jacqueline si no temía por su seguridad. Ella, abogada, era la representante de su familia en un viejo pleito de tierras con una familia de apellido Sabogal, cuyos hombres solían insultarla cada vez que ella visitaba el terreno que estaba –y sigue– en disputa. De hecho, ocho días antes de su muerte, Víctor Julio Sabogal intimidó a un trabajador de la familia Amaya –contó el propio trabajador– y aseguró que mataría a la abogada. La amenaza se cumplió a medias: a Jacqueline Amaya sí la asesinaron, pero no el autor de aquellas palabras cargadas de veneno.

Jacqueline Amaya murió el 2 de diciembre de 2014, hacia las 11:30 de la mañana en las tierras que su padre y el socio de éste habían comprado en 1984. Se trata de 2.000 hectáreas ubicadas en el páramo de El Verjón, que se sitúan entre tres municipios: Bogotá, Choachí y Ubaque. En esa época, hace 31 años, los propietarios del terreno le hicieron un contrato de arrendamiento a Pablo Sabogal y este se quedó como cuidandero. Allí empezó, además, a expandir su familia. Sus hijos se criaron allí, sus nietos nacieron allí. Por esa conexión con la tierra, los Sabogal asumieron que tenían derechos legítimos sobre ella y empezaron a reclamarla. Ahí fue cuando el asunto se volvió problemático.

Esa mañana del 2 de diciembre de hace dos años, el propósito de Jacqueline Amaya era encontrar un nacimiento de agua del cual, ella denunciaba, se estaban aprovechando ilegalmente los Sabogal para embotellar y comercializar el líquido. Para comprobarlo, pidió acompañamiento de un inspector de Policía y de la Policía misma, pues las agresiones verbales de los Sabogal se subían cada vez más de tono. Esa mañana, sin embargo, no hubo agentes asignados para la diligencia. Cuenta María Fernanda Amaya que su hermana ya había pedido en seis ocasiones la protección de la Policía, sin suerte, para hacer la inspección.

Para colmo de males, señala María Fernanda Amaya, el inspector y su secretario “se fueron elegantísimos”. Por esa razón le indicaron que no podían subir con ella la montaña para llegar al nacimiento de agua que buscaban. Ella, de todas formas, había buscado apoyo por otra parte y fue con un amigo suyo y colega, Jorge Arbeláez, y con dos peritos ambientales. Con ellos tres y con Víctor Julio Sabogal empezó a subir la montaña en busca de la fuente acuífera cuando, de repente, empezó a unírsele una horda de extraños. Dio con lo que buscaba, pero el gentío pronto se convirtió en una amenaza real: a Jacqueline y a su amigo Jorge Arbeláez empezaron a golpearlos con un palo.

Él logró huir, cogió montaña arriba. Ella, malherida y ensangrentada, se paró con la ayuda de Víctor Sabogal, quien le tendió la mano para que se levantara del suelo. Los dos peritos ambientales alcanzaron a registrar parte de la golpiza y el gesto de Víctor Julio Sabogal en un vídeo. Decidieron todos regresar y empezaron a caminar en fila india, pero el inconfundible sonido de un disparo cambió el panorama. “Íbamos saliendo hacia la carretera, cuando de un momento a otro sale el señor y saca un revólver y le dispara en toda la parte de acá de la nuca”, recordó uno de los peritos en el juicio que se realizó contra el principal sospechoso del crimen.

Era Óscar Mauricio Sabogal, sobrino de Víctor Julio Sabogal. Él y su padre Carlos Humberto, le había contado antes Jacqueline Amaya a su familia, escoltaban a Víctor Julio Sabogal a todas partes e instigaban las agresiones en contra suya. Su hermana, María Fernanda, insistía en preguntarle si no temía. “Perro que ladra no muerde”, solía responder la abogada, segura de que tantos años de amenazas e insultos nunca pasarían de ser sólo eso: palabras huecas. El 2 de abril de 2014, sin embargo, las promesas de violencia se tornaron realidad. Su cadáver quedó tendido a 235 metros en la frontera entre Bogotá y Choachí, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Hace tres días, el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Óscar Mauricio Sabogal por el asesinato de Jacqueline Amaya a 35 años de prisión. De nada valieron los testimonios de quienes hablaron en su favor, como su sobrina Sandra Sabogal, quien inventó una coartada para favorecerlo. De hecho, el juez del caso pidió que Sandra Sabogal fuera investigada por falso testimonio. Otros miembros del clan Sabogal, como Víctor Julio y su hermano Carlos Humberto –este último, padre de Óscar Sabogal– también serán investigados. “Lo que antecedió a la muerte de la abogada fue una suerte de conspiración entre varios miembros de la familia Sabogal”, indica el fallo.

Las casi 2.000 hectáreas en disputa no son un tema resuelto aún. Una parte integra ahora el parque natural Mata Redonda. Otra gran parte –casi 1.500 hectáreas–, entre Choachí y Ubaqué, está a la espera de un fallo de casación en la Corte Suprema de Justicia. De un terreno en Bogotá un juzgado de esa ciudad reconoció la propiedad de los Amaya: justamente ese era el lote que Jacqueline Amaya fue a inspeccionar, para solicitar su devolución, el día que la asesinaron.