Condenan a Emilio Tapia por el delito de concierto para delinquir

El juzgado 42 de conocimiento condenó al contratista Emilio Tapia Aldana por su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir simple en el proceso que se le adelanta por su participación en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas. 

Tapia Aldana, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Cómbita (Boyacá), aceptó su responsabilidad en este delito en la audiencia de imputación celebrada el julio de 2012. Ante esto la jueza de conocimiento tendrá que valorar este reconocimiento y rebajará la pena principal.

Para la dosificación de la pena, el delegado de la Fiscalía General aseguró que pese a la colaboración con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones por estos hechos de corrupción en la capital de la República, con su actuación afectó gravemente las finanzas del Distrito ocasionado un enorme daño.

“Ha entregado información, declaraciones bajo la gravedad de juramento, entrevistas documentación pública y privada que ha sido base para la apertura de otras investigaciones por estos hechos”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte.

Igualmente aseguró que no tiene antecedentes por condena previa, aclarando que el preacuerdo firmado con Tapia se cayó tras su captura por el delito de lavado de activos, por lo que actualmente se encuentra privado de su libertad.

Debido a estos daños, el fiscal del caso solicitó que se le fije la máxima pena por el delito por el cual fue condenado. En contra de Emilio Tapia existe otro proceso por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos por las irregularidades en la entrega de los contratos de la reparación de la malla vial, fase III de TransMilenio y obras de valorización.

Según la investigación de la Fiscalía, Tapia Aldnado se habría concertado con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; su hermano, el senador Iván Moreno Rojas (condenado a 14 años de prisión); el exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio; el concejal Andrés Camacho Casado; el director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza; y el contratista Julio Gómez.

Esto para facilitar la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República a cambio de una comisión. El contratista habría sido uno de los creadores de la “empresa criminal”, junto al asesor jurídico del Grupo Nule y los empresarios, para resultar beneficiados de manera ilegal en los procesos de licitación adelantados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).