Exsubgerente del Incoder, José Ignacio Lacouture, condenado a 10 años de prisión

Archivo El Espectador.

Un juzgado penal de Bogotá condenó en primera instancia a  exsubgerente nacional de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras), José Ignacio Lacouture Armenta. La Fiscalía General lo llamó a juicio y posteriormente fue condenado a 10 años) por la “desaparición” de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, en San Marcos (Sucre).

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En la misma decisión fueron condenados cuatro exfuncionarios más de la extinta entidad, entre ellos, Juan Heredia Fernández y Alfredo Eugenio Sánchez Jiménez, de la subgerencia de Tierras; el abogado Julio Alberto Acosta Felizola, y el topógrafo José Rodolfo Castro Arias. Luego de acoger la petición de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el juzgado penal de Bogotá condenó a los procesados por los delitos de peculado por apropiación y peculado por apropiación en favor de terceros.

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Durante la investigación se demostró que Lacouture Armenta declaró la inexistencia de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, mediante la expedición de la Resolución 2437 de 2010, con el propósito de favorecer a particulares e impedir el aprovechamiento comunal de la tierra y de los espejos de agua.

 Las pruebas recogidas por el ente investigador evidenció que el exdirectivo “reunió esfuerzos, con varios abogados, para adelantar un proceso administrativo de deslinde que fijó los límites y la titularidad del terreno que, aunque pertenecía a la Nación, pasó a manos de un particular, propietario de un área aledaña. Esta actuación irregular generó la desaparición jurídica de la reserva. La decisión es condena en primera instancia”, señaló la propia Fiscalía.

Los trabajadores y extrabajadores de esa entidad entregaron a Adalberto José Bula Bula, más de 500 hectáreas del predio denominado 'Ciénaga Amansa Guapo', con lo que amplió su propiedad a 914 hectáreas para la cría de ganado y búfalos. La defraudación al erario público por esa adjudicación ascendería a $46.000 millones. En la red estaban involucradas notarías y oficinas de registro de Sucre que recibían dinero para alterar las escrituras y agilizar el proceso de adjudicación.

La defraudación al erario por esa adjudicación ascendería a 46 mil millones de pesos. De igual forma se conoció en su momento que Bula Bula no cumplía los requisitos exigidos por la Ley Agraria 160 de 1994, porque su patrimonio familiar superaba los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes con el agravante que era poseedor de otros predios rurales. Estas tierras, al ser baldías, solo deberían ser adjudicadas a campesinos sin tierra.