Condenan a la Nación por desaparición y asesinato de dos hombres en Antioquia en 2001

Robinson Ríos Uribe y José Gregorio Villada Betancur tomaron un bus de Medellín a Cali, pero nunca llegaron a su destino. Miembros de la Policía los hicieron bajar del vehículo para una requisa y tiempo después se encontraron sus cuerpos sin vida. El Consejo de Estado falló a favor de sus familias.

El ministerio de Defensa deberá reparar a las familias de las víctimas por el daño causado.Archivo

Consejo de Estado condena a la Nación por una desaparición forzada que ocurrió en 2001. El 27 de noviembre de ese año fueron retenidos por la Policía y entregados a un grupo armado ilegal Robinson Ríos Uribe y José Gregorio Villada Betancur mientras viajaban de Medellín a Cali por carretera. Tres semanas después, el 13 de diciembre del mismo año, encontraron sus cuerpos sin vida. Sus familiares demandaron al Estado colombiano y, por consiguiente, al Ministerio de Defensa como responsables de ese delito.

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Los hombres desaparecidos tomaron un bus en Medellín para llegar a Cali y el transporte fue detenido por miembros de la Policía Nacional en la “Y” de Primavera de Caldas. Desde entonces no se tiene noticia de la razón de su muerte. El Tribunal que conoció el caso en primera instancia no reconoció la responsabilidad del Estado y negó la indemnización que pedían las familias de las víctimas. Según esa decisión “la retención y posterior muerte de las víctimas, fue consecuencia directa del accionar de un grupo armado al margen de la ley”.

Por lo que se pudo determinar en ese momento, a los hombres les ordenaron bajarse del bus para una requisa. Junto a ellos bajó una pareja, a quienes los agentes les encontraron una pistola. La Policía se llevó a una central a la pareja, a Ríos Uribe y a Villada Betancur, a pesar de que estos últimos no conocían a quienes portaban el arma. Los uniformados, además, le dijeron al conductor que podría seguir su camino sin esos cuatros pasajeros.

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El 8 de diciembre del 2001 el periódico El Mundo informó del “plagio de los ciudadanos mencionados, donde dice que, de acuerdo a boletín emitido por el Frente Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, se adjudicó el secuestro de los señores Ríos y Villada, sindicados según esta agrupación de ser los máximos cabecillas de los Comandos Armados del Pueblo”, según determinó un informe del CTI de la Fiscalía. Esa entidad pudo determinar, además, que, con base en lo dicho por un comandante de la Policía, las cuatro personas fueron entregados por la fuerza pública al grupo armado.

El 15 de junio de 2012, los familiares de las víctimas apelaron la sentencia argumentando que sí existían pruebas suficientes para determinar la participación de la Policía y de la Nación. Además del informe de la Fiscalía, la apelación aludió a los testimonios de habitantes de la zona y del conductor del bus. Con este testimonio se empezaron a ver más irregularidades, pues quien había hecho el retén no era la Policía de Tránsito, pues no le pidieron los papeles como es de costumbre: “fueron personas uniformadas en un carro blanco y verde y con las luces en el capacete, no sé decir si era la policía metropolitana, solamente sé que estaban con uniformes de la policía y que tenía un carro de los que usa la policía”.

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El alto tribunal determinó que las declaraciones dadas por el conductor eran legítimas para determinar lo que ocurrió, pues presenció los hechos. También determino que la retención hecha por la Policía fue realizada irregularmente, puesto que en las pruebas se dio a conocer que “para la fecha de la ocurrencia de los hechos (27 de noviembre de 2001) el personal policial bajo su mando no había instalado puesto de control en el sitio conocido como la ‘Y’, lugar éste donde al parecer fueron plagiados, ni tampoco había retenido a las dos personas precitadas”.

Esta evidencia hizo que la sala determinara que si los policías responsables de participar en la desaparición no iban a registrar su salida en ninguno de los libros de control y por lo tanto consideran que efectivamente hubo una detención irregular. En el fallo, la Sección Tercera del Consejo de Estado asegura que la fuerza pública “hizo parte activa de una retención ilegal (hecho indicado) de la que muy posiblemente se lucró al invitar a ser parte del punible a un grupo armado organizado al margen de la ley que finalmente asumió responsabilidad por el homicidio de los plagiados”. 

Por lo anterior, los magistrados revocaron el fallo de primera instancia y, en cambio, reconocieron la “responsabilidad de la Nación a título de falla en el servicio por la desviación de sus fines esenciales”. La decisión, entonces, condena al Estado colombiano, a través del ministerio de Defensa, como responsable del accionar de la Policía. Esta entidad deberá reparar a las familias de las víctimas por el daño causado y por la ausencia de Ríos Uribe y Villada Betancur, que aportaban el sustento económico de sus esposas e hijos.

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Redacción Judicial

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