Condenan a la Nación por homicidio de contratista a manos de militares en Antioquia

Salvador Valle Posada fue víctima de tropas de la IV Brigada en la vereda “La Cristalina” en San Carlos, Antioquia, en el 2002.

Redacción Judicial
08 de enero de 2019 - 12:00 p. m.
El Consejo de Estado ratificó la responsabilidad de la nación por la muerte de campesino en en julio de 2002. / Archivo
El Consejo de Estado ratificó la responsabilidad de la nación por la muerte de campesino en en julio de 2002. / Archivo

El 6 de julio de 2002 Salvador Valle Posada salió de la terminal del norte de Medellín a su finca, conocida como “La Cristalina” en San Carlos, Antioquia. Al día siguiente, un grupo de militares llegó a su hogar y disparó a mansalva. Valle murió y apareció vestido con camuflado, mientras que los cuidadores del lugar apenas escaparon. El Consejo de Estado condenó a la Nación por este crimen.

En el expediente del caso detalla que Valle Posada era contratista de obras civiles, labor en la que se desempeñaba hacía 18 años. También se consigna que los responsables de este caso de “falso positivo” pertenecían al Batallón Juan del Corral de la IV Brigada del Ejército y que estaban portando sus armas, uniformes y distintivos oficiales.

(Lea:Condenan al Ejército Nacional por caso de falsos positivos)

Igualmente, se señala que la pareja de administradores de la finca tuvo que desplazarse. Y que “al momento de realizar el levantamiento del cadáver, el cuerpo sin vida del señor Valle Posada apareció con uniforme militar, a pesar de que estaba demostrado que se trataba de un hombre de bien dedicado a la construcción de obras civiles”.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia señaló en julio de 2012 que la responsabilidad recae en la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por fallas en la prestación de sus deberes.

(Lea: Consejo de Estado advierte por las reiteradas condenas contra la Nación por "falsos positivos")

Se acreditó que las tropas se desplazaban por la zona en cumplimiento de la “Operación Normandía” pero que se apartaron de sus deberes al abrir fuego “sin razón alguna”. Ahora el Consejo de Estado ratificó esa responsabilidad y tuvo en cuenta los perjuicios que enfrentaron sus familiares tras este crimen, entre los cuales están casos de depresión.

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Por Redacción Judicial

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