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"Cerro Tokio", la toma de las Farc en el Valle por la que condenaron a la Nación

En 2001, 500 miembros de las entonces Farc incursionaron en la base de comunicaciones de la Institución ubicada en Cerro Tokio en Dagua, Valle. 16 militares y un civil murieron. Por este último caso, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Nación.

La decisión ordenó indemnizar a familiares de las víctimas.Archivo El Espectador

Era el 10 de marzo de 2001. En horas de la madrugada, cerca de 500 miembros de los frentes 6 y 31 de la entonces guerrilla de las Farc atacaron la base de comunicaciones que la Armada Nacional tenía en el cerro Tokio, en el corregimiento de El Queremal en Dagua, Valle del Cauca. El hecho dejó al menos 16 militares muertos y múltiples heridos. El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por la muerte de un civil en dicha incursión armada.

Se trata de Segundo Cristóbal Rosero Cerón, quien fue contratado en noviembre de 2000 para realizar trabajos de adecuación el puesto militar junto con otra persona que perdió un ojo en la toma. Según el expediente, que recoge informes de prensa de la época, había reportes de inteligencia que señalaba que esa base era objetivo estratégico de la guerrilla, por lo que el ataque era previsible.

(En contexto: Condenan a Armada Nacional por ocupación de predio en el Valle del Cauca)

En primera instancia, el 14 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle condenó a la Nación al estudiar una demanda que interpusieron los familiares de Rosero Cerón y del sobreviviente. Ese fallo indicó que la Armada incurrió en una falla en el servicio por incumplimiento de las obligaciones de protección ya que alrededor de la base militar había trampas de iluminación, campos minados y sistemas de alarmas que no funcionaron el 10 de marzo de 2001.

Además, indicó que el armamento de dotación presentó fallas de operación y que no hubo apoyo oportuno y suficiente, pese a lo prolongado del combate. Además, indicó que, en caso de los civiles muertos, hubo un riesgo excepcional porque al momento del ataque estaban dentro de las instalaciones militares. El fallo fue apelado.

En segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó la declaratoria de responsabilidad y ordenó hacer una indemnización a los familiares de las víctimas. “ (…) Sí se comprobó que el señor Segundo Cristóbal Rosero Cerón se dedicaba a las obras de adecuación del puesto militar ubicado en el corregimiento de El Queremal, municipio de Dagua, Valle del Cauca, como trabajador del ingeniero Hernando Cantor Sánchez y que por ello devengaba un sueldo de (…) mensuales”, dice el fallo.

En 2015 el Consejo de Estado condenó a la Armada luego de comprobarse que había ocupado de manera temporal una parte del predio “Tokio”. El expediente señala que en 1973 los propietarios traspasaron una hectárea a Telecom para instalar torres de comunicación que eran vigiladas por la Armada pero que, con el paso del tiempo, se aumentó el personal, se invadió el predio, se construyeron garitas y se impidió el acceso a los dueños.

En 1997 los dueños del predio solicitaron la devolución del terreno, y en varias ocasiones la Armada respondió que se adelantaban los trámites correspondientes para la compra del mismo, situación que nunca se dio.
Luego, la incursión guerrillera de 2001 implicó la depreciación del valor del inmueble, pues éste fue destruido. El Consejo de Estado acreditó la ocupación del inmueble.

“En asuntos como éste, en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquier otra causa, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o permanentemente por la Administración o por particulares que actuaron autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tienen porqué asumir los afectados”, dice ese fallo.
 

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Redacción Judicial

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