Condenan a la Nación por daños ocasionados tras rockets lanzados durante posesión de Uribe

La decisión fue tomada por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y el Ejército, por los perjuicios materiales que sufrió una familia cuyo apartamento, ubicado en el sector de la Floresta, en el noroccidente de Bogotá, fue impactado por los rockets lanzados durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República el 7 de agosto de 2002.

En el debate jurídico, el tribunal de lo contencioso administrativo consideró que existen elementos materiales probatorios suficientes para determinar que la edificación resultó gravemente afectada en el marco de los ataques que tenían como objetivo la Escuela Militar de Cadete General José María Córdova y la alteración del orden público.

Ante esto, se ordena el pago de perjuicios materiales para la familia que vivía en calidad de arrendataria, así como a la dueña del inmueble, puesto que está demostrado el grave daño que sufrió el mismo luego de que fuera impactado por un artefacto explosivo que lo dejó prácticamente inhabitable.

“(…) a pesar de que quedaron en pie algunas paredes, la estructura del apartamento como tal se vio gravemente afectada, por lo que se hace necesaria una intervención a profundidad en él para que se garantice la seguridad de quienes allí habiten, lo cual a efectos prácticos sería equivalente a reconstrucción total de gran parte del apartamento”, precisa uno de los apartes del fallo.

En este punto, el alto tribunal tuvo en cuenta los documentos entregados por el demandante que certifican el costo de los materiales, disponibilidad del transporte y el valor del metro cuadrado en el estrato en el que está ubicado el inmueble.

“La destrucción de los bienes de propiedad de estos demandantes fue prácticamente íntegra, por lo que en consideración a que la totalidad de los bienes descritos en las facturas corresponden a electrodomésticos y variados enseres de uso doméstico, se presume que fueron éstos los efectivamente destruidos en la explosión del inmueble”.

El Consejo de Estado concluyó que existen una serie de hechos indicativos como la cercanía con la instalación militar atacada, la hora y fecha del atentado y la forma en la que se produjo la detonación “que permiten concluir válidamente y de forma lógica” la destrucción que presentó el apartamento. “Se dio como resultado de una acción terrorista que tenía como último objetivo el ataque de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, lo que lo hace endilgable a la administración de título de riesgo excepcional”.

“En un análisis acompasado con el ejercicio de la sana crítica no podría llegarse a una conclusión diferente, dadas las características comunes de ese evento con los restantes ataques terroristas que tuvieron lugar en esa oportunidad, tales como la ubicación cercana a la instalación militar (menos de tres kilómetros), el momento casi simultáneo en que ocurrieron y la forma, la distancia a la que se dio la detonación, que guarda relación con las granadas de mortero utilizados en los otros atentados”, precisa uno de los apartes de la sentencia.

Ante esto, se revocó de manera parcial el fallo emitido el 9 de septiembre de 2004 por la Sala De Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la cual se negaron todas las pretensiones del demandante.

El ataque

En el fallo de 30 páginas se hace un profundo análisis sobre los hechos registrados a las 11 de la mañana del siete de agosto de 2002, basándose para esto en los registros de los medios de comunicación. En ellos se manifestó que durante la posesión presidencial se presentaron tres ataques simultáneos sobre la Casa de Nariño dejando gravemente heridos a cuatro policías.

Otro ataque se registró en el barrio La Estanzuela, donde murieron tres personas, y un tercer proyectil estalló en el sector conocido como El Cartucho, donde murieron 11 personas. Después de revisar los registros de prensa el alto tribunal da una idea sobe la forma en cómo se llevó el ataque sistemático que afectó varios sectores de la capital de la República, dejando a su paso muertos, heridos y daños materiales.

“Según las autoridades, los explosivos fueron lanzados desde el barrio Santa Isabel en el sur de Bogotá (…) Allí la policía encontró unos cien morteros fabricados con tubería de la que usa la industria petrolera, emplazados sobre la grama del patio interior (…) Unos diez de estos tubos alcanzaron a lanzar sus granadas contra la Escuela Militar y calles y viviendas de los barrios La Alborada, La Floresta, San Fernando, Jorge Eliécer Gaitán y Julio Flórez”.

Pese al conflicto armado ininterrumpido que vive Colombia desde hace más de 50 años, que la acción terrorista le fue atribuida a las milicias urbanas de las Farc y que ya con anterioridad se temía de un presunto accionar el día de la posesión del nuevo presidente de la República, la Sala no aceptó los argumentos de la demanda para emitir una condena por faltas al servicio ya que no se demostró que hubieran incurrido en alguna conducta negligente u omisiva respecto de las funciones de protección a la población civil y de mantenimiento de las condiciones de orden público que se encuentran a su cargo.

“Sin embargo, aunque la Sala concuerda con la parte demandante en el sentido de que la fecha en la que se produjo el ataque implicaba la existencia de un riesgo previsible de que la subvención ejecutara algún acto terrorista con el objeto de alterar durante el día de la posesión del nuevo presidente de la República, lo cierto es que la parte demandante no logró demostrar que las entidades demandadas faltaran a su deber de tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de la ocurrencia de los atentados, los daños que se pudiera producir como resultado de estos”, señala el fallo.

En el caso materia de estudio, la Sala señala que solamente se declarará la responsabilidad del Ejército, puesto que pese a que la Policía Nacional era la Institución que tenía la función de protección a la ciudadanía en el momento en que ocurrió el incidente “ello resulta irrelevante para el caso concreto, ya que no está declarando la responsabilidad estatal con ocasión al incumplimiento a ese deber. Por el contrario, es el Ejército Nacional la entidad que creó el riesgo, al ser la atacada una instalación militar a su cargo”.