Condenan a la Nación por desaparecida del Palacio de Justicia

El Consejo de Estado ordenó pagar una indemnización a los familiares de Lucy Amparo Oviedo.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército Nacional, por los hechos que rodearon la desaparición de Lucy Amparo Oviedo Bonilla durante la operación de recuperación de la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

En el debate jurídico el alto tribunal determinó que la abogada de profesión se encontraba en la edificación ubicada en el centro de Bogotá justo en el momento en el M-19 se la tomó por asalto. Oviedo, una visiante ocasional, tenía una cita con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Habría sido aprehendida por los miembros del Ejército Nacional y trasladada a la Casa del Florero. 

Desde ese momento el paradero de Lucy Amparo Oviedo se convirtió en un misterio. Nadie sabe qué pasó con ella, solamente que fue trasladada al improvisado centro de operaciones del Ejército Nacional donde habría sometida a interrogatorios por parte de los uniformados. Todas son meras suposiciones que 31 años después no tienen certeza.

Para el máximo tribunal de lo contencioso administrativo se debe tener en cuenta que en este hecho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sentencia emitida el 14 de noviembre de 2014 determinó la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición forzada de 11 personas. (Ver Corte IDH condenó al Estado colombiano por desaparecidos del Palacio de Justicia)

Entre ellas se encuentra el caso de Oviedo, hecho por el cual el caso en análisis ya pasó a la categoría de “cosa juzgada internacional”. Debido a esto se le ordenó a las entidades demandadas pagar una indemnización a sus familiares por los daños morales y materiales causados. (Ver Identifican restos de tres de los desaparecidos del Palacio de Justicia)

En este sentido, se manifiesta que el organismo internacional ya certificó la desaparición forzada de la visitante ocasional del Palacio de Justicia, fundamentando su decisión en una serie de indicios que permitieron establecer que la Lucy Amparo Oviedo y otros desparecidos, “fueron considerados y tratados como sospechosos de pertenecer a la guerrilla por parte de las autoridades”.

En el fallo, citado por el Consejo de Estado, se manifiesta que ella junto a otras personas “salieron vivos del Palacio de Justicia, fueron conducidos a la Casa del Florero y al Cantón Norte sin el debido registro y que las fuerzas militares negaron su detención. Sostuvo que se intentó ocultar lo acontecido con las víctimas e intimidaron a quienes estaban realizando gestiones para buscarla”.

Igualmente, se cita que en el fallo que condenó al Estado colombiano se hizo mención al mal manejo de los cadáveres hallados en el Palacio de Justicia por la falta de rigurosidad en la custodia de los hechos. Debido a esto el Consejo de Estado ordenó el pago de 302 millones de pesos a sus familiares más cercanos. (Ver El Estado los desapareció: Corte Interamericana

Con esta decisión se revocó la sentencia del 13 de febrero de 2014 proferidas por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no encontró méritos para avalar sus pretensiones.