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hace 4 horas

Condenan a la Nación por detención arbitraria de presuntos homicidas de Galán

El Consejo de Estado determinó que el general Maza Márquez incurrió en una manera ligera para vincular a un grupo de personas con el crimen del precandidato presidencial.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en la Policía Nacional y la Fiscalía General, al pago de tres mil millones de pesos, en calidad de indemnización, por la detención injusta y arbitraria de tres personas señaladas de participar en el crimen del precandidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento registrado el 18 de agosto de 1989.

El alto tribunal consideró que en esta investigación se presentaron diferentes irregularidades y se emprendió una especie de ‘cacería de brujas’ con el fin de demostrar resultados ante la opinión pública frente a este caso. En esta actividad participaron activamente el entonces director del DAS, general Miguel Maza Márquez y el director de la Dijín, general Óscar Eduardo Peláez.

En este sentido se consideró que actuaron de manera ligera para vincular a personas con el crimen del dirigente político, ya que su actividad fue clave para la detención arbitraria de estas personas que tuvieron que ser dejadas en libertad. Por tal motivo fueron condenados a reintegrarle al Estado, en un 50 por ciento cada uno, las sumas de dinero que las entidades demandadas deben pagar como consecuencia de la condena impuesta por el Consejo de Estado.

“De los máximos responsables de los principales organismos de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, para la época de los hechos, no podían esperarse, ni exigirse, sino actuaciones ponderadas, extremadamente prudentes y particularmente cuidadosas, máxime en un asunto tan delicado, de tanta trascendencia y de tan graves repercusiones tanto para la vida institucional y democrática del país, como para quienes resultaron ser señalados por esos organismos estatales de la realización de semejante magnicidio”, precia uno de los apartes de la sentencia.

La detención arbitraria

Pocos días después del crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, se anunció ante los medios de comunicación y la opinión pública la captura de los ciudadanos Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero,

Por más de tres años estas personas estuvieron privadas de su libertad en el marco de una investigación en la cual fueron catalogados de ser los autores materiales del homicidio con fines terroristas que fue acribillado por una ráfaga de balas en la plaza de Soacha, Cundinamarca.

Para el Consejo de Estado, tanto la investigación, como el proceso en general, estuvieron plagados de múltiples irregularidades que tuvieron que ser reconocidas por la Fiscalía General cuando ordenó la libertad de los ciudadanos tras cerrar la investigación.

“Se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional que el propio Estado… sometiera a tales personas al escarnio público y se empecinara en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas”, señala la sentencia.

La Sala señala que los hombres fueron víctimas de la irracionalidad del poder que les arrebató injustamente la libertad y afectó su honra y dignidad al estigmatizarlos y hacerlos pasar como los homicidas del dirigente político y de las dos personas que lo acompañaban.

“Fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los asesinos del doctor Luis Caros Galán, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito”, explica el fallo.

Por estos hechos, en los próximos dos meses, el Fiscal General de la Nación y el Director de la Policía Nacional tendrán dos meses para realizar un acto solemne de presentación de excusas públicas a las víctimas y sus familias por haber trasgredido sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al buen nombre y la honra.

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