La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una multimillonaria indemnización por los errores que se cometieron en el proceso que se adelantó contra un hombre señalado de haber participado en el crimen del director del diario El Espectador, Guillermo Cano registrado el 17 de diciembre de 1986.
El tribunal de lo contencioso administrativo consideró que se presentó una ligereza por parte de las autoridades judiciales en esta investigación que terminó con la condena de 16 años de prisión de Pablo Enrique Zamora, quien estuvo privado de su libertad por 10 años.
Según la investigación adelantada, el hombre fue capturado 15 días después de haberse registrado el crimen señalado de haber hecho parte del grupo de sicarios que acribillaron al periodista cuando salió de la sede del periódico en el occidente de la capital de la República.
En el debate jurídico se indicó que las autoridades judiciales con el fin de demostrar resultados en esta investigación y mostrar ante el país a los responsables del crimen iniciaron una especie de cacería de brujas contra un grupo de personas para responsabilizarlos por la acción ordenada y ejecutada por el Cartel de Medellín.
El Consejo de Estado le exige a la escuela donde se forman los jueces, que los juristas tomen clases para que no se dejen presionar por mostrar resultados a la hora de dictar sentencias.