Condenan a la Nación por toma a la estación de policía de Santiago (Norte de Santander)

El Consejo de Estado ordenó el pago por los daños materiales que sufrió una familia cuyo negocio fue destruido durante la acción.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, por la toma guerrillera a la estación del municipio de Santiago (Norte de Santander) registrada el 7 de agosto de 1994. En la acción perpetrada por las Farc fue destruido el Hotel Central entre otros inmuebles ubicados en inmediaciones de la edificación.

El alto tribunal ordenó el pago por los daños materiales que se presentaron tras la toma. “No solo se destruyó el inmueble, sino que también lo fueron los bienes muebles y enseres destinados al funcionamiento del Hotel Central y demás elementos personales de los demandantes”.

En este sentido se indicó que existen pruebas documentales y testimoniales para determinar la destrucción total de dicho inmueble por parte de los guerrilleros. La Sala se basó en los testimonios entregados por los pobladores frente a la acción terrorista y el informe oficial publicado por la Sijín de la Policía tras el ataque al municipio.

“En este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que los daños ocurrieron dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonados a las víctimas”, precisa el fallo.

Sin embargo, en el debate jurídico el tribunal de lo contencioso administrativo consideró que en el presente caso la imputación de responsabilidad no obedece a una falla en el servicio, “sino que puede llegar a concretarse como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y hacen visible y viviente la legitimidad del Estado”.

Ante esto la “declaratoria de responsabilidad que recae en la entidad demandada no parte de la determinación del causante del daño, -fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas-, sino que proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad”.

En este punto se manifiestas que no existen pruebas que permitan inferir una falla o actuación irregular o anómala puesto que no se allegaron elementos que señalen que la Policía Nacional conociera o tuviera información sobre un ataque guerrillero en contra de la Estación de Santiago “por lo que no es posible afirmar que la entidad demandada hubiese omitido tomar las medidas preventivas adecuadas para contrarrestar tal evento”.

Con esta decisión se modificó el fallo emitido por los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda presentada por los herederos del dueño del Hotel que resultó destruido.