Condenan a ocho años de prisión a Bernardo Moreno por chuzadas del DAS

El exsecretario de la Presidencia de la República pagará su condena en su residencia.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a ocho años de prisión al exsecreatario privado de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas por su participación y conocimiento en las actividades adelantadas por agentes del DAS en contra de magistrados de las altas cortes, periodistas y congresistas de la oposición del Gobierno de Álvaro Uribe.

El alto tribunal determinó que Moreno Villegas conocía y tenía acceso de primera mano a la información privilegiada recolectada por los agentes el organismo de seguridad por orden de la entonces directora, María del Pilar Hurtado Afanador para crear una campaña de desprestigio en contra de este grupo preseleccionado de personas.

En el debate jurídico, el alto tribunal le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria, avalando los argumentos presentados por su defensa –y avalados por la Procuraduría General- al considerar que es padre cabeza de familia, estuvo un año y medio privado de su libertad y ha asistido puntualmente y sin falla a todas las diligencias judiciales durante los tres años que duró el juicio.

Bernardo Moreno Villegas fue condenado como autor del delito de concierto para delinquir, determinador de varios delitos de violación ilícita de comunicaciones y autor de un delito de abuso de función pública y autor de varios delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Sin embargo, continuará en libertad hasta que se emita el monto de la condena.

En la lectura del fallo condenatorio, el alto tribunal negó que este proceso tuviera un tinte político, como lo manifestó la defensa de los procesados, o que el mismo se diera por la animadversión que existió entre la Corte Suprema de Justicia y el entonces presidente, y actual senador, Álvaro Uribe Vélez. Ante esto rechazaron estos argumentos asegurando que esto nunca ha sido el modo de actuar de la Corte.

Para la Corporación, el proceso y la condena se ejecutó teniendo en cuenta las conductas delictivas mientras ejercían sus cargos tanto en el DAS como en la Secretaría de la Presidencia de la República. “No se sustenta en ideas políticas de los procesados, o su cercanía a algún movimiento o dirigente político”, explicó el magistrado ponente, Fernando Castro Caballero.

Operación Paseo

Para la Corte Suprema existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de Moreno Villegas en la solicitud y obtención de información de inteligencia frente a los seguimientos adelantados a un grupo de magistrados en un viaje a la ciudad de Neiva, por parte del empresario Ascencio Reyes, señalado de tener vínculos con el narcotráfico.

La publicación de estos informes le fue filtrada a un medio de comunicación, que realizó un artículo titulado “El Mecenas de la Justicia”, en la cual se llamaba la atención sobre el viaje de los togados al homenaje que se le iba a rendir al expresidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas. . Dicha información fue rectificada parcialmente por la Revista al considerar que se trataba de información falsa.

Para la Corte, resulta evidente que la obtención de esta información no tenía una justificación clara, sino que todo hacía parte de un plan para desprestigiar a los magistrados. “No eran temas de seguridad nacional”, precisa uno de los apartes de la condena, al hacer referencia que la divulgación de la misma fue hecha para afectar la credibilidad de la Corporación y relacionarla como “polémicos empresarios y narcotraficantes”.

Detrás de esta filtración de datos equívocos y tergiversados estuvo el entonces secretario de la Presidencia quien recibía toda esta información por parte de la directora del DAS.

Caso ‘Tasmania’

Mediante la filtración de información reservada a medios de comunicación, se indicó que el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez –investigador de la ‘parapolítica’- habría presionado al exjefe paramilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’ para que vinculara al actual senador Álvaro Uribe Vélez de ordenar el asesinato de un desmovilizado de las AUC conocido con el alias de ‘René’.

En 2007 el entonces presidente divulgó una carta firmada por ‘Tasmania’ en el que hacía un detallado relato sobre el ofrecimiento que habría recibido de Velásquez a cambio de beneficios judiciales. En ese momento el magistrado auxiliar adelantaba la investigación en contra del senador Mario Uribe Escobar –primor del primer mandatario- por sus presuntos nexos políticos y electorales con paramilitares.

Sin embargo, en 2009, alias ‘Tasmania’ se retractó de tales afirmaciones y aseguró que todo esto se había dado por la presión por parte del abogado Sergio González, con el fin de perjudicar la imagen de la Corte Suprema y de los magistrados que investigaban la llamada parapolítica. (Ver Condenado a 5 años de prisión abogado implicado en complot contra la Corte)

Detrás de todo esto participó activamente Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado quienes le entregaron a un grupo de periodistas dicha información para afectar la imagen e integridad del magistrado auxiliar.

Yidis Medina

Los seguimientos en contra de la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina se originaron después de conocer sus declaraciones en los medios de comunicación sobre la forma en como fue “convencida” para votar a favor del proyecto que cursaba en el Congreso de la República en el cual se quería crear la figura de la reelección presidencial inmediata.

En sus declaraciones, Medina aseguró que altos funcionarios de la Presidencia de la República, entre los que se encontraban ministros, le ofrecieron comisiones y contratos a cambio que votara a favor de dicho proyecto. Su posición era fundamental para cambiar la balanza a favor de dicho proyecto. Para esto se reunieron en repetidas oportunidades con ella en la Casa de Nariño y en el Congreso de la República momentos antes de la crucial votación.

“Vendió su voto a funcionarios de la Presidencia a cambio de prebendas, por lo que fue condenada”. En el año 2008, se inició la recolección, acopio y análisis de información referente a su vida privada y la de sus familiares. La información de inteligencia tenía como “génesis” su denuncia mediática, hecho por el cual se obtuvo información que la incriminara con actividades ilegales con el objetivo de afectar su imagen y restarle credibilidad a sus declaraciones.

Con dineros del DAS se inició una campaña de desprestigio consistente en la publicación de panfletos que la relacionaban con la guerrilla del ELN, así como la filtración de unas fotos que la relacionaban con miembros de dicho grupo subversivo. Por esta información manipulada se le abrió una investigación por el delito de secuestro en el caso de dos concejales de Barrancabermeja, por lo que fue condenada en primera instancia y luego absuelta por el Tribunal Superior.

“Se convirtió en blanco de inteligencia estatal por sus señalamientos frente al trámite de la reelección presidencial. Revelaciones que comprometían personas cercanas a la Presidencia de la República. No porque fueran un peligro para el Estado o sus instituciones democráticas”. Pese a que la entonces directora del DAS sabía que carecía de una motivación legitima dio órdenes a sus subalternos para adelantar estas actividades.

Todo “el dossier o documento de inteligencia” tenía como destinatario la oficina de la secretaria general de la Presidencia de la República. “Mediante el mecanismo de la ‘valija’ se formalizó el sello para que dicha información llegara únicamente” al despacho de Bernardo Moreno, y fuera él el único que conociera el contenido de dichos informes.

Piedad Córdoba y Gustavo Petro

En el caso de la exsenadora liberal, Piedad Córdoba Ruiz se determinó que agentes del DAS ubicaron un micrófono en su vehículo oficial con el fin de tener un registro de sus conversaciones y movimientos. Igualmente se interceptaron sus correos electrónicos, el de sus familiares y asesores con el fin de realizar un informe de inteligencia, que luego fue utilizado para la campaña de desprestigio en su contra.

Pese a que no contaba con “autorización de un juez” para adelantar las interceptaciones, María del Pilar Hurtado avaló y ordenó la búsqueda de información reservada tanto de la congresista como de sus familiares. Actividades que incluso cruzaron la frontera cuando se reseñó el viaje de Córdoba a Venezuela, para lo cual incluso se pagó por la búsqueda de un recibo de pago de un hotel en la ciudad de Caracas.

Mientras que en el caso del senador del Polo Democrático se pudo establecer que no se recolectaron datos privados o reservados, son biográfico cobre la conformación de su familia e información pública. “No implicó vulneración de sus derechos al buen nombre, intimidad, pues no eran de carácter reservado. Tampoco fueron objeto de interceptación o filtración”.

Sin embargo, nunca se estableció el motivo que llevó al organismo de seguridad a investigar a Petro Urrego “más que su postura opositora al presidente de la época”. La recolección de información nunca tuvo como objetivo verificar los presuntos nexos del congresista con la guerrilla de las Farc. Igualmente se realizaron actividades seguimiento y obtención de datos de su entonces esposa y miembros de su familia.

“Ni el DAS ni la presidencia estaban legitimados para acopiar información sobre Petro Urrego (…) se impartieron instrucciones por parte de la directora del DAS pues su comportamiento era ajeno a la ley”, precisó el sentido del fallo frente a la información que se adelantó en contra del actual del alcalde de Bogotá.

Daniel Coronell

Las actividades de obtención de información sobre el columnista de la Revista Semana y entonces director de Noticas Uno tenían como objetivo identificar a sus fuentes, esto debido a la molestia que generaban en la Presidencia de la República, debido a que se habían publicado “escándalos” en los que estaban vinculados magistrados, altos funcionarios, así como la “compra de reelección presidencial conocida como la ‘yidispolítica’.

María del Pilar Hurtado dio instrucciones precisas a sus subalternos para conseguir información del periodista argumentando la “molestia que le generaba al presidente” la publicación de los artículos de Coronell. En un desayuno en septiembre de 2007 se dio la instrucción al DAS para recaudar los datos privilegiados.

 

Vea el especial sobre el caso de las chuzadas del DAS aquí