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La jueza 34 de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce en el proceso que se le adelantó por el delito de soborno en actuación penal. Para el despacho judicial existen pruebas que permitan inferir que la procesada ofreció 250 millones de pesos al exjefe paramilitar Edgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’.
En su intervención la jueza manifestó que en el debate probatorio varios de los testigos de la Fiscalía manifestaron ratificaron sus señalamientos en contra de Gette Ponce de haber ofrecido esta suma de dinero para que ‘Don Antonio’ cambiará la versión de los hechos en la investigación que se adelantaba en la Fiscalía General por el crimen del ganadero Fernando Cepeda registrado en agosto de 2003 en Barranquilla.
El despacho avaló la solicitud presentada por la Fiscalía General que indicó que la procesada envió con un emisario en febrero de 2013 un maletín con 250 millones de pesos para que se le fuera entregado a una persona cercana al exjefe del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Diferentes testigos aseguraron en el juicio, entre ellos el mismo ‘Don Antonio’, que se ejerció una presión por el abogado Arcadio Martínez Pumarejo –quien representaba los intereses de Gette Ponce- con el fin de crear una duda probatoria en el desarrollo de la investigación que se adelantaba por el crimen de Cepeda y con esto librar de responsabilidad alguna a la entonces rectora universitaria. Además se creó un documento con preguntas y respuestas para que reconociera su responsabilidad en los hechos a cambio de una suma de dinero.
Con esto se buscó desviar la responsabilidad de la investigada en estos hechos, puesto que el exjefe paramilitar aseguraría que no le constaba que Gette ordenara o pagara para la ejecución de este crimen, registrado en la ciudad de Barranquilla. “Lo querían convertir en un testigo de oídas”, aseguró la fiscal del caso frente a las declaraciones que había entregado sobre el dicho de alias ‘Aguas’ sobre el ofrecimiento de 250 millones de pesos por parte de la rectora para acabar con la vida del ganadero, esposo de su hijastra María Paulina Ceballos.
Igualmente en el juicio se presentaron los registros de visita del abogado Arcadio Martínez al patio en la cárcel La Picota donde se encontraba ‘Don Antonio’. Además se le dio validez al testimonio del exjefe paramilitar quien señaló que en diferentes oportunidades recibió ofertas por parte de los dos procesados para que modificara la versión de sus hechos a cambio de una alta suma de dinero, así como el emisario David Mostacilla Silva quien hizo referencia a la entrega da de dinero en un centro comercial en Barranquilla.
La declaración de Montacilla Silva fue clave a la hora de capturar a Arcadio Martínez después de la entrega del dinero por parte de agentes del CTI de la Fiscalía en la plazoleta de comidas de dicho centro comercial. En este sentido se consideró que dicho testimonio tiene toda la validez puesto que dio detalles sobre el recorrido que hizo con el abogado Martínez para buscar una bolsa en un establecimiento, así como la forma en cómo le fue entregado el dinero y la señal que les hizo a los agentes para que dieran captura al jurista. Al contar el dinero se pudo determinar que faltaban 100 mil pesos, puesto que el emisario había utilizado una parte para la compra de boletas del concierto de Juan Gabriel que se iba a adelantar en la capital del Atlántico.
Tras la captura, el abogado fue trasladado a la URI de Barranquilla. En ese momento solicitó que lo dejaran ir al baño. En ese momento botó el celular por el retrete e intentó ocultar la memoria del mismo, ante el aviso de uno de los custodios el abogado ofreció una suma de dinero. “Se intentó ocultar información frente a las conversaciones que se tuvieron, por lo que se afectó el acceso a la administración de justicia.
El próximo 14 de agosto se conocerá el monto de la condena en contra de la exrectora universitaria y el abogado Arcadio Martínez. El repreentante de víctimas, Abelardo de la Espriella le solicitó a la jueza que emita orden de captura en contra de Martínez Pumarejo al considerar que existe riesgo de fuga.