Confirman condena a pilotos de la FAC por el bombardeo a Santo Domingo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia de 30 años por la muerte de 17 civiles en el bombardeo de 1998.

En el Bombardeo 17 personas perdieron la vida, de las cuales seis eran niños, y otras 27 resultaron heridasArchivo El Espectador

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 30 años de prisión impuesta a dos uniformados de la Fuerza Área Colombiana por el bombardeo en el caserío de Santo Domingo del municipio de Tame (Arauca), el 13 de diciembre de 1998. (En contexto:Corte Interamericana condena a Colombia por masacre de Santo Domingo).

Para la Corte existen pruebas de que el piloto César Romero Padilla y el copiloto Johan Jiménez Valencia, lanzaron la bomba tipo clúster sobre ese municipio. Además desechó la hipótesis de la defensa de los uniformados que alegaba que la masacre se produjo por la activación de un explosivo artesanal instalado por las Farc.

Esa acción dejó un saldo de 17 personas muertas, de las cuales seis eran niños, y otras 27 resultaron heridas. Esto produjo que aproximadamente 300 personas, quienes lograron sobrevivir, se vieran obligados a desplazarse hacia los municipios de Betoyes, Tame y Saravena. En diciembre de 1998, Santo Domingo quedó convertido en un pueblo fantasma. Por esta masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció la responsabilidad del Estado Colombiano por la violación al derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. 

En el fallo emitido en noviembre de 2012 la Corte IDH manifestó que se presentaron fallas en el operativo que adelantaba el Ejército Nacional en ese momento en contra de la Farc. Según el organismo internacional, las pruebas fueron suficientes para concluir que fue la bomba lanzada por la Fuerza Aérea, y no una bomba del grupo guerrillero, la que provocó la tragedia en el municipio Santo Domingo.

Dicha sentencia ordenó brindar un tratamiento integral en salud a las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, evento que se realizó apenas el pasado 31 de agosto, luego de que un fallo de tutela de la Corte Constitucional obligara al Estado a cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Le puede interesar: Estado reconoce responsabilidad por la masacre de Santo Domingo (Arauca)