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La Procuraduría General ratificó la destitución e inhabilitó por 10 años al senador Eduardo Carlos Merlano por su participación en el cargo de tráfico de influencias.
Así lo determinó el Ministerio Público en la lectura de la respuesta al recurso de reposición presentada por la defensa del congresista.
En la decisión, la procuradora delegada para asuntos disciplinarios, Maria Eugenia Carreño consideró que el senador del partido de la U incurrió en una falta gravísima al interferir ante un grupo de patrulleros con su investidura con el fin de que no le inmovilizaran su vehículo.
En este sentido se señaló que Merlano Morales incurrió en una falta disciplinaria puesto que uso su cargo de manera indebida su cargo para evitar una sanción por parte de los patrulleros quienes lo pararon en un reten cuando presuntamente estaba manejando bajo los efectos del alcohol.
Después de la diligencia judicial, el abogado Héctor Carvajal anunció que presentará una acción ante el Consejo de Estado con el fin de que se revise si la Procuraduría obró en derecho en este caso.
El jurista aseguró que se solicitará la nulidad del fallo disciplinario y así como una restablecimiento de sus derecho "el cual dependiendo del tiempo en que este el senador por fuera del cargo y el salario que tiene un senador de la República".
Entre los principales argumento que presentará en su recurso se indicará la violación al debido proceso, la falta de un deber funcional, la inexistencia de la competencia de los policías para inmovilizar el vehículo en un procedimiento preventivo y la atipicidad de la conducta.
La decisión de la Procuraduría
Según el artículo 5 del Estatuto Disciplinario, la falta cometida por el senador Merlano afectó el deber funcional sin que se haya demostrado causal alguna de justificación y se señala que dicha afectación fue sustancial, porque su comportamiento estuvo en contravía de los principios que rigen la función pública, como el influir en otros servidores públicos acudiendo a su investidura de senador de la República, haciendo que principios como la moralidad pública, la imparcialidad, la transparencia y la neutralidad se hayan visto seriamente afectados.
El Ministerio Público reconoció que el senador ha mostrado diligencia y eficiencia en el desempeño del cargo y que fue muy “pertinente y sobresaliente haber procurado resarcir el daño por iniciativa propia al pedirle perdón al país, al pueblo colombiano, a la Policía Nacional y al general de la República Oscar Perez”, quien solicitó el retiro del servicio luego de los hechos objeto de la sanción disciplinaria, durante la audiencia efectuada el pasado 12 de julio en las instalaciones del Ministerio Público.
De esta forma, tal criterio sirvió para que al disciplinado se le aplicara el término mínimo de Ley fijado como inhabilidad general contenido en el Estatuto Disciplinario para este tipo de infracciones.