Confirman "muerte política" a Piedad Córdoba

En la tutela la exsenadora liberal buscaba que se anulara el fallo que la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos.

Por una votación de 7 a 2, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la tutela interpuesta por la exsenadora Piedad Córdoba con la que buscaba que se anulara la decisión de la Procuraduría General de destituirla e inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos.

Después de un largo debate jurídico, los magistrados aceptaron la ponencia presentada por el presidente del alto tribunal, Jorge Iván Palacio en la cual no se le daba razón a al excongresista y en consecuencia avala el fallo de la Procuraduría que le quitó la posibilidad de ejercer cargos públicos o de ser elegida por mandato popular.

La controversia jurídica versó sobre las facultades del procurador para sancionar congresistas, pues algunos consideran que sólo debería ocuparse de la vigilancia de los funcionarios públicos y no de los parlamentarios, quienes pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Para el alto tribunal, en el proceso disciplinario a la exsenadora liberal no se le violó el debido proceso y que por lo cual se dejó en firme la sanción en contra de Ruiz, a quien se le consideró que se extralimitó en sus funciones cuando fungió como parte negociadora con la guerrilla de las Farc ante intercambio humanitario. 

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado concluyó en 2010 que en los mensajes hallados en el PC de 'Reyes', Córdoba, quien firmaba como 'Teodora de Bolívar', dio consejos a la guerrilla relacionados con el manejo político de las pruebas de supervivencia de los secuestrados, entregó a las Farc información sobre posibles donaciones de gobiernos extranjeros e instó a la organización ilegal a que fuera hostil con algunos partidos políticos a tiempo que estructuraba un proyecto político con miras a un nuevo gobierno. Córdoba siempre ha negado las evidencias encontradas en el computador del jefe subversivo muerto en marzo de 2008.

La exsenadora ha asegurado que sus contactos con las Farc se dieron como facilitadora en el retorno de los secuestrados y que, tal como lo determinó la Corte Suprema, las pruebas del computador de Reyes son inválidas, pues no se respetó la cadena de custodia. La excongresista ha señalado que el fallo de la Procuraduría se sustentó en pruebas inexistentes y que se le violaron sus derechos a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso.