Confirman sanción a dos exgerentes de la Triple A de Barranquilla por caso Inassa

En segunda instancia, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría confirmó la sanción e inhabilidad impuestas a los exgerentes de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla, Triple A. Se trata de Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, quienes mientras estuvieron en el cargo, concluyó el Ministerio Público, favorecieron a Inassa, una filial de la española Sociedad General de Aguas de Barcelona. Navarro no podrá ejercer cargos públicos por 12 años y Serrano por cuatro.

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Esta decisión llega como una confirmación de la sentencia de noviembre de 2018 en la que la Procuraduría ya había condenado a los exgerentes de la Triple A. Sin embargo, ambos apelaron y el expediente tuvo que ser estudiado por una instancia más alta dentro del mismo Ministerio Público, que confirmó el fallo, pues concluyó que “con ocasión de las órdenes de pago firmadas por los disciplinados (Navarro y Serrano), el Distrito (de Barranquilla) dejó de percibir $17.864.000.000”.

El caso Inassa, como ha sido llamado en Colombia, tiene sus raíces en España. El caso Lazo, como es llamado en ese país, estalló en 2018 y fue comparado con la sonada corrupción de Odebrecht, pues también involucraba a una gran empresa dedicada a lo público con tentáculos en diferentes estamentos del Estado. En concreto, la justicia del país ibérico encontró que Canal Isabel II, la empresa de acueducto nacional, sobornó a políticos, contrató servicios ficticios, ocultó dinero y desvió dineros públicos para enriquecer a los dueños de las empresas y al Partido Popular (PP) de España, el partido de Gobierno.

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Ahora, el caso toca a Colombia pues Inassa es como se llamó a la filial de Canal Isabel II en nuestro país. Y Barranquilla, entre otras ciudades del Caribe, le entregó en concesiones sus activos de acueducto, aseo y alcantarillado a cambio de regalías mensuales a esta empresa con raíces europeas. Pues los entes de control aquí encontraron un sinnúmero de irregularidades en cómo se administró la empresa, que se suma a las quejas eternas de los usuarios por el mal servicio de agua en esta región.

Pues bien, la Procuraduría encontró que, aunque inicialmente la Triple A le pagaba a Inassa por el gerenciamiento de la empresa. Sin embargo, en el año 2000 celebraron un contrato que cambió las reglas del juego y la española pasó a brindar “asistencia técnica” a la empresa barranquillera. El valor que pagaba Triple A por ese apoyo era el 4,5% de su recaudo. Pero los empleados de la empresa de servicios públicos nunca vieron un solo aporte de Inassa a la gestión de la compañía.

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Incluso: “al observar las evidencias entregadas por Inassa como soporte de la ejecución del contrato, negaron que se tratara de proyectos realizados por Inassa y advirtieron que estos fueron gestados, desarrollados, construidos y ejecutados por cada una de las áreas por ellos lideradas, con personal de la Triple A y no de Inassa”, señaló la Procuraduría. Es decir que, “ninguno de los proyectos que entregó el gerente de Inassa como sustento de la asistencia técnica prestada pueden ser atribuidos a dicha empresa en tanto fueron realmente gestados y realizados por la Triple A; que las actividades descritas en los contratos celebrados por Inassa para recibir la asistencia técnica que se supone debía a su vez prestarle a la Triple A, no se evidencian ejecutadas por Inassa y finalmente, que en relación con los servicios que se advierten prestados por Inassa en Triple, existen otros contratos diferentes que sustentan su ejecución”.

Por ende, la Sala Disciplinaria reprochó los argumentos que Navarro y Serano dieron para pedir su apelación y confirmaron el fallo condenatorio. El cálculo del Ministerio Público es que al año se estaba desembolsando unos $19.600 millones, y que la cifra total, que se tasó teniendo en cuenta la vigencia del contrato, superó los $237.000 millones. Es decir, cerca de US$80 millones de dólares. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, señaló la Procuraduría.