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Esta tarde, el presidente Iván Duque presentó objeciones parciales a la Ley de Depuración Normativa, la iniciativa con que el Congreso aprobó que salieran de circulación 10.667 leyes obsoletas. Las objeciones presidenciales llegaron por una razón poderosa: una carta de la Corte Suprema enviada el pasado 9 de julio, en la cual la Sala Penal advertía que entre las leyes eliminadas figuraba nada más y nada menos que la Ley 600 de 2000, con base en la cual este alto tribunal investiga y juzga a los congresistas.
El magistrado Eyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue quien entregó a la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González, la carta, trascendental para ese alto tribunal. En ella, todos los magistrados de la Sala Penal le pedían al presidente Iván Duque que objetara la Ley de Depuración Normativa, que el pasado 17 de junio quedó lista para sanción presidencial. Es la ley con la que, además, se rige la Fiscalía para investigar hechos que ocurrieron antes de que empezara a regir el Sistema Penal Acusatorio.
Con esta decisión enrevesada del Congreso, estaban en riesgo 848 procesos que están en curso en la Corte Suprema contra parlamentarios. De la misma manera, la derogación de la Ley 600 causaba serios problemas en las 81.338 investigaciones que lleva la Fiscalía por conductas delictivas cometidas antes del 1º de enero de 2005, fecha en que entró en vigor el sistema acusatorio, y que no estaban prescritas. Como lo señaló el Gobierno en sus objeciones, la pérdida de vigencia de dicha norma produciría miles de "solicitudes de libertad y absoluciones porque no existiría ley procesal aplicable”.
El gobierno Duque también sustentó las objeciones en contra del proyecto de depuración normativa en que se derogaban textos que todavía tienen vigencia. Entre las normas que se pretendían eliminar está un decreto expedido en 1953 por el que se ordenaba la creación del Departamento Nacional de Estadística (Dane). En el listado también está una norma de 1962 que ordenaba realizar censos poblacionales cada 10 años. Así mismo, se planteaba eliminar una norma de 1931 que creaba la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
Tras el escándalo por la posible derogación de la Ley 600, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado para aclarar la situación. "La Ley 600 hizo parte del proyecto de ley desde su radicación en el Congreso de la República, es decir, no fue incluido durante el trámite del mismo", advirtió la cartera, para disipar así las dudas de si el Congreso mismo metió un "mico" en esta iniciativa. Según la cartera de Justicia, fue el Gobierno el que advirtió el yerro y pidió información adicional a la Corte Suprema para tomar su decisión sobre las objeciones.
:: "Embriaguez habitual suspende la ciudadanía" y otras leyes obsoletas que no van más::
En marzo de 2018, el entonces ministro de Justicia del gobierno Santos, Enrique Gil Botero, radicó un proyecto de ley que iba a eliminar 10.667 normas y buscaba fortalecer las diferentes normativas ya estipuladas para brindar un mayor grado de seguridad a los ciudadanos especialmente, dice el proyecto, en temas de protección de los derechos humanos. Ahora, un año y cuatro meses después, el Gobierno se enteró de inexplicable hecho que dejaría a las investigaciones de mayor calibre en el limbo.
Entre los procesos emblemáticos que lleva hoy la Corte se encuentran las investigaciones en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos y los expedientes que destaparon el cartel de la toga. Los maginicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento y Álvaro Gómez Hurtado, los cuales investiga la Fiscalía, también se rigen por la ley 600 de 2000. La depuración normativa que hizo el Ministerio de Justicia abarca leyes desde 1866 hasta 2014.
La viceministra de promoción de la justicia, Juanita López Patrón, dijo en junio pasado que la finalidad del proyecto es “dar mayor claridad a las reglas aplicables para que sean conocidas no solo por la población y las autoridades”.
El proyecto de ley de Gil Botero
Los criterios aprobados para la inhabilitación de algunas leyes fueron: la antigüedad de las normas que ya no son vigentes para la Constitución, las consecuencias jurídicas que ya no son compatibles con la realidad actual, las normas en las que no es posible exigir un cumplimiento ya que lo dispuesto en esta norma ya se realizó y los preceptos expedidos durante estados de excepción, es decir, por guerra, desorden público o perturbación de orden social, económico y ecológico en el país.
La propuesta se enfocó en tres puntos importantes: primero, se buscó que las personas puedan conocer las normas que regulan su vida cotidiana en la sociedad con el fin de que puedan saber cuáles son sus derechos y deberes; segundo, asegurar la estabilidad y fiabilidad de todas las normas. Finalmente, pretendía que todas las personas puedan prever y calcular las consecuencias de incumplir las normas que regulan la vida social.
Las normas derogadas
Entre las normas eliminadas está la Ley 48 de 1936, sobre los “vagos, rateros y maleantes”. Para estas personas la condena era la Colonia Agrícola Penal, dependiendo de lo que se le atribuye los años de condena varían. Esta ley decía que son ciudadanos vagos todos aquellos que sin justificación no tengan un trabajo legal o que sea “tolerado” y sean considerados perjudiciales para la sociedad, el que mendigue o que obligue a sus hijos a mendigar.
“Es considerado maleante quien no tenga trabajo sin poder dar una justificación valida y que realicen actividades delictivas o aquellos que teniendo un trabajo hayan sido detenidos por las autoridades por ser sospechosos de algún crimen”. Por último, están los rateros que son todos aquellos que “hayan realizado más de dos delitos en contra de lo ajeno” o quienes “hayan sido cogidos en el acto de obtener objetos personales de otras personas”.
Otra norma destacada en el proyecto que desaparecerá por obsoleta es el Decreto 609 de 1955. Esta pretendía proteger a la niñez contra la corrupción y las influencias nocivas en relación con revistas infantiles e historietas cómicas extranjeras puesto que ellas “presentan serios peligros para el sano desarrollo de los niños y adolescentes”. Para poder lograr una efectiva protección a la niñez el decreto sacó de circulación toda publicación que “todas aquellas publicaciones para niños, que tiendan a distanciar de la realidad la mentalidad infantil, sin enriquecer sólidamente su imaginación”. Así como también creó una junta que revisaría el contenido de las publicaciones.
Nota de la Editora: Este artículo, titulado originalmente "Congreso tumbó ley con que la Corte Suprema investiga y juzga a congresistas" y publicado el16 de julio de 2019, se actualizó con la información emitida de Casa de Nariño sobre las objeciones presidenciales apenas los medios empezaron a reportar lo que había pasado en el Congreso con la Ley 600 de 2000.