El plebiscito del 2 de octubre de 2016 ganó el "No"

Consejo de Estado archivó demanda contra el plebiscito

Con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno, el alto tribunal manifestó que la magistrada Lucy Bermúdez tenía competencia para las medidas cautelares que emitió en diciembre pasado, pero no para admitir la demanda que pretendía la nulidad de las actas que declaró el "No" como ganador del plebiscito.

El Consejo de Estado precisó que las solicitudes se suspensión temporal se deben resolver por la Sala. Archivo particular.

La Sección Quinta del Consejo de Estado archivó la decisión del 19 de diciembre de 2016 que admitía una demanda contra los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre del año pasado. El alto tribunal explicó que las solicitudes de suspensión provisional, que en la que solicitaban avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y solicitar a la Corte Constitucional priorizar las demandas de constitucionalidad del Acto Legislativo, las podía resolver la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, ponente de esa demanda. Sin embargo, Bermudez no tenía competencia para admitir la demanda, como había sucedido.

El origen de esta decisión se remonta a la petición elevada por los ciudadanos William Efraín Calvachi y David Narváez Gómez, quienes habían solicitado al Consejo de Estado la nulidad de las actas que fueron expedidas por cada una de las comisiones que declaró el ‘no’ como ganador. Asimismo, los ciudadanos solicitaron a la Presidencia y al Congreso “fijar la fecha para un nuevo plebiscito y así realizar una nueva elección sin violencia”. En la demanda también se habían solicitado medidas cautelares orientadas a suspender los resultados del 2 de octubre y dar inicio a la implementación del acuerdo final.

Por medio de la decisión del 19 de diciembre de 2016, Bermúdez accedió a las pretensiones de la demanda y, además, ordenó avanzar con la implementación de los acuerdos de paz y solicitar a la Corte Constitucional “priorizar” la resolución de las demandas en las que ese alto tribunal deba pronunciarse sobre la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016. Al respecto, argumentó que las campañas dependían del hecho de que los ciudadanos “pudieran expresar públicamente sus preferencias y concurrir a la elección sin presiones de ninguna naturaleza”.

Bermúdez, en su decisión, también había argumentado que dentro las pruebas en el expediente “consideró que emerge con meridiana claridad que la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña reflejó una total tergiversación del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016, el cual fue determinante para la obtención del resultado en dicha contienda electoral”. Lo anterior, es en relación a las diversas campañas que llevaron a cabo diferentes partidos políticos y que la postre generó una “influencia global”.

Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que las solicitudes se suspensión provisional deberán ser resultas por la Sala, “por ser el juez asignado por el legislador para este caso, lo cual busca que sea toda la Sala la que estudie si la demanda debe ser admitida”, toda vez que la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez admitió la petición de forma individual y, además, no resolvió la solicitud de suspensión provisional.

FInalmente, el alto tribunal tuvo en cuenta que, con la derrota del plebiscito, implicó que las negociaciones nuevamente se reabrieran, dando lugar a un nuevo acuerdo el 24 de noviembre de 2016, así como su posterior refrendación en el Congreso el 29 y 30 de ese mismo mes. Esto, según el Consejo de Estado, es un “hecho superado” teniendo en cuenta que, al dejar de existir el primer acuerdo, “no existe objeto sobre el cual se deba impartir justicia”.