Consejo de Estado decretó la 'muerte política' para Germán Olano

El exrepresentante a la Cámara utilizó su investidura para beneficarse del 'carrusel de contratación' de Bogotá.

La Sala Plena del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura en contra del exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Germán Olano Becerra, por su participación en el llamado carrusel de la contratación en la capital de la República.

Olano Becerra habría influido ante el entonces contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi y la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo con el fin de que pese a que los Nule no cumplieran con los requisitos solicitados se les entregaran los contratos de reparación de la malla vial, la tercera fase de Transmilenioy la valorización.

El excongresista Olano Becerra, quien se encuentra recluido en el Cantón Norte, habría recibido 500 millones de pesos del polémico empresario Miguel Nule para su campaña al Senado a la República. (Ver Procuraduría pide decretar pérdida de investidura contra Germán Olano)

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones públicas durante 12 años, al considerar que exigió el pago de comisiones, a cambio de actuar con arreglo a los intereses de los excontratistas.

La Sala Penal lo condenó por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a ocho años de prisión luego de que se acogiera a sentencia anticipada.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, manifestó que en el estudio de esta demanda las pruebas testimoniales fueron claves para inferir la participación de Olano Becerra en las irregularidades que rodearon la celebración de multimillonarios contratos viales en Bogotá.

“Este demandado incurrió en violación del régimen de incompatibilidades e igualmente acogiendo lo de la Sala Penal den la Corte Suprema encontró que incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado”, precisó el magistrado.

En este sentido indicó que al proceso se allegaron tanto el fallo disciplinario emitido por la Procuraduría General, así como la condena de la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia conocida a finales del año pasado.

“Delinquir no paga” puntualizó Vargas al explicar los argumentos que se tuvieron en cuenta a la hora de decretar la muerte política del exrepresentante a la Cámara quien habría sido el conector entre algunos de los ahora implicados en el ‘carrusel’.

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