La Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las pretensiones de la acción de pérdida de investidura en contra del senador del partido de La U, Roy Barreras Montealegre al considerar que no se pudo determinar que incurriera en un traído de influencias.
La acción presentada por la Red de Veedurías indicaba que el congresista había presionado al superintendente de salud para el cambio del interventor de la EPS Solsalud en el 2013. Para la Sala no existen pruebas testimoniales o documentales que permitan establecer la veracidad de los hechos presentados.
En este sentido se indicó que no se aportaron elementos que determinaran que Barreras Montealegre hubiera efectuado ante las autoridades de salud gestión alguna para lograr el nombramiento de personas recomendadas por él, o el cambio de interventores en empresas intervenidas por la Superintendencia.
“Si bien está probado que el Senador habló con el Superintendente y el Ministerio de Salud de la problemática de la EPS Solsalud no hizo un requerimiento o gestión específica con el fin de satisfacer un interés personal o de un tercero”, precisa uno de los apartes de la decisión.
Para el magistrado ponente los testimonios del entonces Superintendente de Salud Gustavo Morales Cobo, y del Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe en el proceso fueron fundamentales para tomar esta decisión, puesto que ellos negaron que el senador hubiese solicitado puestos o cuotas burocráticas.
Finalmente, el demandante también solicitó la pérdida de investidura del Senador Barreras argumentando que en una reunión celebrada en la Casa de Nariño en el 2013, el congresista solicitó el retiro de las personas presentes en ella, en especial de los Ministros que no hacían parte de la Unidad Nacional, con el fin de tratar temas burocráticos. Para la Sala, aunque se demostró que el hecho ocurrió, ese requerimiento por sí solo no puede considerarse como un tráfico de influencias.